Por José Miguel García Gallego
Vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española.
Tras una tranquila lectura dominical de la prensa, y quizás por el efecto de la ola de calor que estamos sufriendo estos días, he vuelto a la recurrente reflexión acerca de si el exceso de información, entendido como un relato prolijamente detallado de la noticia sobre un asesinato de violencia de género, (dejando ya al margen el contenido basura de algunos programas de televisión), es en ocasiones lo más constructivo.
Con seguridad, lo primero que nos preguntamos es… ¿cómo sucedió?
Laura, la chica canaria de tan solo 27 años que murió asesinada por su ex pareja, ha sido noticia días atrás en todos los medios de comunicación –como no puede ser de otra forma. En casi todas las informaciones se hacía referencia a la brutalidad de las formas empleadas, pormenorizando el modus operandi del asesino … “murió poco después de que su ex pareja la rociara con líquido inflamable y le prendiera fuego en la tienda en la que trabaja la joven …” (esta es la crónica más moderada de las que he leído). Me pregunto si la descripción de la atrocidad del vil crimen es favorable para desarrollar presupuestos válidos para acabar con esta enquistada lacra.
Claro que estamos hablando del derecho a la información, imprescindible en un Estado de Derecho como el nuestro, pero desde mi punto de vista sería conveniente que esta información no contuviese más detalles que los estrictamente necesarios, al menos en los medios más populares que son los que suelen buscar saciar la sed de los más “curiosos” y elevar las cuotas de pantalla.
De una parte conocer la brutalidad o ensañamiento empleado para acabar con la vida de una mujer es útil para elevar el grado de indignación de quienes (por suerte inmensa mayoría) se niegan a aceptar este tipo de conductas, pero, por otro lado, las palabras que habrían de ser retenidas en nuestras mentes para erradicar la violencia son destruidas y borradas por las imágenes proyectadas en las noticias televisivas resaltando, con el rastro de sangre, el lugar dónde yació la víctima.
Con ello no quiero cuestionar la valiosísima y esencial labor que desarrollan los medios, que deben continuar en el futuro informando y facilitando una vía de condena de estos execrables sucesos. También es fundamental su función de plataforma para el reclamo del derecho a la igualdad y respeto a la dignidad de la mujer, así como para reivindicar soluciones ante quienes ostentan la potestad y el mandato popular para promoverlas e incentivarlas. Más de 10 años hace ya desde el nacimiento de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y todavía estamos esperando que germinen los principios inspiradores de aquella norma.
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Otra reflexión. Con ocasión de éste último asesinato, nuestro presidente del Gobierno en el discurso de clausura de la Conferencia Política de su partido del pasado 11 de julio, tuvo palabras de lamento ante el que denominó “salvaje asesinato” y se dirigió a las mujeres víctimas de la violencia de género asegurándoles que no están solas y que hay un país dispuesto a protegerlas y ayudarlas a rehacer sus vidas en libertad. Sin embargo, es más que evidente que no se está invirtiendo todo lo necesario ni en medios, ni en dedicación, ni para amortiguar los fatídicos efectos del maltrato en quiénes lo han sufrido, ni en campañas de concienciación para luchar contra esta herida abierta que sufre la humanidad.
Me consta que hace ya demasiado tiempo se viene trabajando desde diversas instancias, entre ellas desde la Abogacía institucional, para que las mujeres que sufren violencia de género tengan acceso al asesoramiento jurídico gratuito previo a la judicialización. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. El Turno de Oficio no tiene previsto ningún módulo remuneratorio de este tipo de servicios, limitándose a consignar importes referidos exclusivamente al asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer víctima de violencia de género, lo que lleva a los Colegios de Abogados a realizar un esfuerzo importante para realizar la prestación de este servicio que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género impone a los Colegios. Algunos ayuntamientos invierten esfuerzos y partidas económicas suficientes, otros más voluntad que medios, limitándose a ofrecer un servicio limitado y claramente deficiente. Es un proceso en pura evolución que requiere un firme compromiso por parte de las administraciones públicas. Hace pocas fechas, leí con agrado que el Colegio de Abogados de Talavera se constituía en el primer Colegio en poner en marcha un Servicio de Orientación y Atención Jurídica específico para mujeres víctimas de violencia de género, a través de un convenio suscrito entre los Colegios (representados por el Consejo Regional) y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Otros Colegios de Abogados han suscrito convenios similares con el Instituto de la Mujer de sus CCAA, a estas iniciativas deben seguir otras similares, pero se hace muy difícil creer en esa realidad sin las dotaciones presupuestarias correspondientes.
Parece que al final todo depende de lo mismo.
Publicado en el Blog de la Subcomisión de Violencia sobre la mujer de la WEB de Abogacía Española.