Según las nuevas Directrices sobre la atención para el aborto que ha publicado recientemente la Organización Mundial de la Salud, en unos 20 países no se contempla en la legislación ningún motivo por el cual se permita a las mujeres interrumpir voluntariamente el embarazo. Además, más de 3 de cada 4 países tienen sanciones legales relacionadas con el aborto, que pueden incluir largas penas de prisión o fuertes multas para las mujeres que se someten al procedimiento o prestan asistencia en él.
Ante este contexto de ilegalidad, sin posibilidad de acceso al aborto en la sanidad pública, los métodos para interrumpir un embarazo no intencional o no deseado por las mujeres que así lo decidan son métodos no seguros. La consecuencias de estos abortos seguros nos las proporciona también la OMS: causan alrededor de 39 000 muertes al año y hacen que millones de mujeres más sean hospitalizadas por complicaciones. Ante estos datos, es posible afirmar que la penalización del aborto supone una vulneración de derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, a la integridad física y moral y el derecho a la salud y, por tanto, una forma de violencia hacia las mujeres.
No obstante, la criminalización del aborto también vulnera otros derechos fundamentales de las mujeres. Por ejemplo, el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, que se refiere a que no exista distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que menoscabe o anule los derechos humanos de la mujer, también se ve afectado en aquellos territorios en los que no se permite a las mujeres el derecho al aborto legal, seguro y accesible. Del mismo modo, obligar a una mujer a ser madre si no lo desea, a no poder tomar decisiones sobre su cuerpo, también atenta contra su derecho a la libertad personal. Todas estas vulneraciones de derechos, constituyen una forma de violencia simbólica hacia todas las mujeres, a las cuales se las priva de su derecho a tomar decisiones importantes sobre su vida, utilizando la reproducción como un dispositivo de control sobre ellas.
Por último, también es necesario mencionar que la vulnerabilidad económica es un factor que influye en la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Aquellas mujeres con más recursos económicos podrían viajar a otros territorios donde el aborto sí está permitido, mientras que aquellas con menos recursos se verán obligadas a recurrir a un aborto inseguro (con las consecuencias que ello conlleva, que se han mencionado anteriormente) o a tener a ese/a hijo/a, teniendo que afrontar los gastos que conlleva, lo cual empeora su situación económica.
En conclusión, la prohibición del aborto se traduce en múltiples formas de violencia hacia las mujeres, siendo la más grave de ellas el gran número de fallecimientos que los abortos inseguros suponen anualmente a nivel global, que podrían evitarse con la regulación del derecho al aborto, es decir, permitiendo a las mujeres que decidan si quieren ser madres o no.
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Este artículo forma parte de la campaña de activismo que se lleva a cabo con motivo del día 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, en el marco del “Programa para Educar en Igualdad y Prevenir la Violencia de Género. Hacia un voluntariado por el Buen Trato” de Fundación Mujeres, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de las Subvenciones del 0,7 a actividades de interés social.