La violencia obstétrica ha sido naturalizada e invisibilizada durante muchas generaciones. En este sentido, la perspectiva feminista ha sido fundamental para nombrar, identificar y luchar en contra de este tipo de violencia y reivindicar los derechos de las mujeres.
Según el estudio publicado por Women and Birth (2021), que analizó datos proporcionados por 899 mujeres en España. La violencia obstétrica fue reportada por el 67,4% (606) de las mujeres; 25,1% (226) verbal, 54,5% (490) físico y 36,7% (330) psicoafectivo.
Sobre la violencia obstétrica en España
Este tipo de violencia específica dentro del área sanitaria se refiere a todas aquellas acciones que generan “un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos” antes, durante y después de la labor de parto (OMS). “La OMS también incluye acciones como la no obtención de un consentimiento informado, la negativa a administrar medicamentos para el dolor, un descuido de la atención o la vulneración del derecho a la intimidad en este tipo de violencia” (Martínez, 2024).
En este sentido, una de las prácticas de abuso más comunes, es la inducción al parto injustificada. Datos del 2023, afirman que España realiza 34% de inducciones, cuando la OMS recomienda mantener ese porcentaje 10%, es decir se está triplicando la tasa. En otras palabras, una de cada tres mujeres se somete a un parto inducido. Está práctica, “dobla el riesgo de cesárea y aumenta un 50% el de parto instrumentalizado, además de aumentar el sufrimiento fetal” (Plaza, 2023).
Este tipo de violencia puede generar consecuencias físicas y psicológicas tanto en la madre como la o el recién nacido. Además de tener un alto costo social y económico.
La violencia obstétrica atravesada por la desigualdad de clase social y raza
Existen escasos datos y estudios sobre esta problemática en concreto, la información más actual al respecto corresponde a los periodos del 2019-2022. Según la investigación, ¿Acaso no soy mujer?: Análisis se la violencia obstétrica desde la interseccionalidad de Camilla Braga de Queiroz Souza (2020), el sistema de marginación presente en nuestra sociedad perpetua las brechas por razón de clase y raza. Estás afectan sobre todo a la población migrante, indígena, gitana y otros colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social.
La segregación geográfica presente en estos sistemas de marginación, dificultad el acceso a los servicios de atención obstétrica y esto “potencializa los factores de riesgos que pueden producir resultados adversos en el embarazo y nacimiento”. En este sentido, la discriminación racial y étnica puede tener grandes efectos negativos sobre la salud física y mental de las mujeres embarazadas.
Estos contextos, generan mayores riesgos “como dificultar el acceso a cuidados; peor nutrición; aumento del estrés; patrones reproductivos de mayor riesgo, como embarazo en la adolescencia o multiparidad; una mayor prevalencia de enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión; y uso de substancias psicoactivas” (Braga de Quieroz, 2020). Sobre todo, esta situación impacta en los resultados maternos y perinatales, como el bajo peso al nacer, el parto prematuro, y trastornos mentales durante y después del embarazo.
Sobre esta problemática, además de las barreras estructurales propias de los sistemas de marginación, están las barreras personales. Estás, impiden que las mujeres puedan acceder “a los servicios de atención obstétrica, expresar de manera adecuada sus sentimientos, dudas, opiniones y explicar el problema/situación que las han llevado a buscar la asistencia médica, aparte de dificultar la comprensión de los términos médicos”. Esta situación, se da generalmente, por el miedo al maltrato o al trato desigual y también, por una barrera idiomática.
La invisibilización de esta realidad, generar una perpetuación de las desigualdades. Además, “el trato grosero, deshumanizado y la prestación de cuidados con base a creencias raciales violan el derecho a la integridad personal y a no sufrir violencia” (Braga de Quieroz, 2020).
Acciones para frenar este tipo de violencia
Además de los marcos internacionales, como los delimitados por la OMS y el Parlamento Europeo, que aprobó en 2021 una resolución en la que instaba a los Estados miembros a «combatir la violencia ginecológica y obstétrica» (Boira, 2023). España cuenta con leyes como 41/2002 de autonomía del paciente que reconoce la libre elección de este, es decir la o el usuario puede optar, libre y voluntariamente, entre dos o más alternativas asistenciales. También, existen algunas propuestas para incluir el término “violencia obstétrica” en las legislaciones. Sin embargo, “en todo el territorio, solo Catalunya, País Valencià y Euskadi la reconocen en su legislación de manera específica” (Martínez, 2024). Una de las razones que dificulta la creación y aprobación de políticas al respecto, es que existen asociaciones médicas que niegan la existencia de la “violencia obstétrica”.
Sobre la interseccionalidad de la discriminación por razones de raza, etnia y género, se tiene el artículo 57.6 de la Ley Orgánica 4/2000 “sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, más conocida como Ley de Extranjería, establece que no se puede expulsar a mujeres embarazadas ‘cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre’” (Gálvez, 2019).
Sin embargo, todavía existen muchos vacíos legales al respecto a nivel nacional y regional. Por ejemplo, a pesar de las medidas tomadas en Madrid para brindar acceso a la sanidad (a personas con situaciones irregulares de migración) estas no son suficientes. Las 7 unidades de tramitación no dan abasto para la cantidad de migrantes. La organización Médicos del Mundo ha expresado repetidas veces la necesidad de mejorar esta situación y facilitar estos procesos (Baéz, 2023). Miles de mujeres deben enfrentarse a procesos burocráticos para poder acceder al sistema de salud. Además, se necesitan más investigaciones sobre esta problemática en concreto; por ejemplo, no existen datos estadísticos de las mujeres embarazadas que llegan en situación irregular a España.
Fortalecer el marco legal es fundamental; sin embargo, esta problemática necesita un abordaje más integral. En este sentido, también se necesita profundizar la formación de personal sanitario y judicial sobre esta materia. Ya que, esta problemática tiene un carácter sistémico e institucional, por lo que en muchos casos el personal que ejerce este tipo de violencia no es consciente de la gravedad de sus acciones y más bien, se asimilan como algo “normal” (Rodriguéz y Martínez (2021). También las y los expertos mencionan que es importante individualizar y personalizar los cuidados de acuerdo con la paciente.
Otro aspecto es que algunas instituciones de salud no cuentan con los recursos humanos, ni materiales, suficientes para brindar una atención de calidad a las embarazadas.
La violencia obstétrica representa una violación de los derechos humanos de las mujeres. Por eso es fundamental, seguir luchando contra este tipo de malas prácticas para lograr sociedades más justas e igualitarias, libres de todo tipo de violencias.
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Esta noticia forma parte de la campaña de activismo que se lleva a cabo con motivo del día 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en el marco del “Programa para Educar en Igualdad y Prevenir la Violencia de Género. Hacia un voluntariado por el Buen Trato” de Fundación Mujeres, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.