El caso de Samaí Alejandra Márquez de 25 años de edad y embarazada de dos meses ha hecho saltar todas las alarmas en la ciudad de Puebla, México. Su cuerpo ha sido encontrado sin vida en la zona de Valsequillo. La Fiscalía del Estado de Puebla ha detenido como principal sospechoso a su pareja, Rafael Portillo Abundis quien reconoció haber pagado a varias personas para que la secuestraran y que él mismo, posteriormente, la matara por miedo a que su matrimonio con otra mujer se viese afectado por el embarazo de Samaí. Este no es un caso aislado ya que en los últimos dos años 6 mujeres han sido asesinadas a manos de los padres de los bebés que estaban esperando.
Pero los feminicidios en Puebla no terminan ahí. Este año 2016 y antes de que termine el mes de febrero ya se han contabilizado al menos 15 asesinatos de mujeres con características de feminicidio más 4 mujeres que todavía siguen desaparecidas y por las que se teme tengan un final parecido.
Por todo ello cientos de personas salieron a la calle la semana pasada para sumarse a una marcha silenciosa por el centro de Puebla acompañados de un féretro y de cientos de pancartas y folletos en los que se leía la leyenda #NiUnaMás con la que pretenden denunciar la ola de violencia feminicida que asola la ciudad.
Los familiares de las mujeres víctimas de feminicidio exigieron justicia al Gobernador Rafael Moreno Valle y le acusaron de que en muchos casos ha habido desinterés por parte de las autoridades.
Vianeth Rojas, integrante del Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos aseguró que “no es necesario que haya alerta para que el Gobierno designe recursos para prevenir la violencia. Lo que queremos es que no haya feminicidios, que no haya personas pidiendo justicia porque en la Fiscalía no los atendieron o porque los ministerios públicos son corruptos. Queremos que haya acciones”.
Evidentemente la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia creada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y tratar de conseguir un desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación en México no está funcionando como se esperaba.
Además, la falta de presupuesto para llevar a cabo las políticas que exige la Ley a escala nacional hace que no se elabore un Programa Estatal para combatir la violencia hacia las mujeres y que se establezcan programas en cada dependencia sin vínculos entre ellos y sin crear convenios como marca la Ley.
Para más información visita:
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