Por Laura GJ Vizcaíno – Equipo de voluntariado del Observatorio de Violencia
Human Rights Watch presentó, el pasado 4 de Julio, un informe ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer. En él se analiza con detalle las causas y consecuencias del aumento de la violencia domestica contra la mujer en el nuevo contexto de la crisis sanitaria y económica mundial a raíz de la Covid-19.
El informe pone especial atención -ya que el problema podría ser especialmente grave– en aquellas mujeres que sufren una discriminación interseccional o se encuentran en especiales situaciones de marginación como las mujeres de avanzada edad, las trabajadoras del hogar, las mujeres con discapacidad, las mujeres sin acceso a la tecnología, y las que trabajan de manera remota desde el hogar o en situación habitacional precaria. La preocupación por estos colectivos parte de la dificultad añadida para acceder a los servicios de protección debida a la situación de aislamiento y de ausencia de redes de apoyo durante la Covid-19.
Amanda Klasing, codirectora interina de la división de derechos de la mujer en Human Rights Watch, postula que “Las autoridades de todo el mundo deberían preocuparse por los informes sobre el aumento de la violencia de género en el contexto de la pandemia de la Covid-19 y las medidas de confinamiento impuestas”. Su apelación parte de los datos recogidos en el informe, el cual da muestra de que la violencia de género ha aumentado hacia aquellas mujeres que no tienen visibilidad o están al margen de la sociedad, para las cuales existe un gran riesgo de convertirse en blanco de un daño irreparable si los gobiernos no actúan con rapidez y de forma determinante.
El 27 de marzo, la Relatora Especial de la ONU, Dubravka Šimonović expone en una declaración sobre cómo las medidas de restricción tomadas para afrontar la crisis sanitaria intensifican el riesgo de violencia doméstica. Se reconoce la especial situación de vulnerabilidad de muchas mujeres en tiempos de Covid: aumento de la carga del trabajo doméstico y de cuidado de familiares, restricciones de movimiento y financieras, e incertidumbre generalizada que proporciona poder y control adicional a los perpetradores.
Por ello, se insta a los Gobiernos a tomar medidas para proteger a las víctimas, y que estas “deben permanecer disponibles o ser adoptadas durante la crisis. Eso incluye garantizar el acceso a la protección restringiendo las órdenes y manteniendo refugios seguros y líneas de ayuda para las víctimas«.
En la misma línea Human Rights Watch ha apuntado que las medidas tomadas durante la crisis y los confinamientos asociados a ella, pueden desencadenar una mayor incidencia de la violencia de género por motivos como el aumento de estrés, el deterioro en las condiciones de vida, el hacinamiento y el quiebre de los sistemas de apoyo comunitarios. Así mismo, se reconoce que las situaciones de crisis limitan la posibilidad de escapar de contextos de violencia y conseguir que sus agresores respondan sobre sus actos, además de dificultar acceder a entornos seguros por la falta de servicios.
Ambas posturas se justifican en las estadísticas preliminares recogidas por diferentes países en todo el mundo sobre datos policiales y líneas de asistencia telefónica. Por consiguiente, es fundamental que las autoridades reconozcan el carácter esencial de los servicios sobre violencia de género durante los confinamientos, y se aseguren de que no se impongan nuevos obstáculos al acceso a los servicios, apuntó Human Rights Watch.
Desde el observatorio se ofrecen pautas a los gobiernos para abarcar la situación y mejorar las acciones orientadas a la comunicación con perfiles especialmente vulnerables. Las políticas públicas deben incluir todos estos perfiles y resultar accesibles en el nuevo escenario de crisis.
Con respecto a las mujeres con discapacidad, existen dos situaciones a las que se debe prestar atención prioritaria desde los gobiernos, especialmente durante la pandemia, por la situación especial de aislamiento en la que se hallan. Son aquellas que se encuentran en instituciones residenciales y sufren situaciones de abandono, abusos o atención médica inadecuada, así como aquellas que viven en domicilios familiares, pues según la investigación realizada recientemente por Human Rights Watch, estas mujeres también pueden sufrir abusos cuando viven con familiares, especialmente cuando requieren cuidados intensivos.
El acceso a Internet se presenta en este contexto actual como una herramienta que puede convertirse en salvoconducto vital. Disponer de líneas de asesoramiento, de información sobre salud (incluida la salud sexual o reproductiva) o acceder a grupos de apoyo a supervivientes de violencia de género y otros recursos en línea, quedan directamente limitados por la disponibilidad de acceso a la red. La brecha digital de género se presenta como un obstáculo más, a pesar del hecho de que el acceso a Internet se considera un facilitador fundamental de los derechos humanos. Los gobiernos deben asegurar que las mujeres sin acceso a Internet seguro y privado o recursos móviles puedan seguir obteniendo servicios.
Las mujeres que trabajan en el hogar, ya sean empleadas de hogar o mujeres que realizan teletrabajo, pueden ser objetivos de riesgo específico de abusos, invisibles en tiempos de distanciamiento social. El Convenio sobre la Violencia y el Acoso de 2019 de la Organización Internacional del Trabajo obliga de forma expresa a los gobiernos a reconocer y mitigar los efectos de la violencia y acoso en el trabajo. El tratado aborda específicamente la violencia de género, incluida la intersección de la violencia doméstica y el trabajo, y las protecciones que deben tomar los gobiernos para que las sobrevivientes de violencia doméstica puedan buscar ayuda sin perder sus empleos.
“Aunque todavía continúa el impacto económico y para la salud pública de la pandemia, los gobiernos tienen un panorama más claro de los otros riesgos y daños que causa el confinamiento”, explicó Amanda Klasing. “Deben intervenir con rapidez para abordar el riesgo cada vez mayor de violencia. Cualquier repuesta que se adopte será incompleta, a menos que los gobiernos se cercioren de que sus esfuerzos se orienten en forma específica a mujeres que, en general, ya estaban relegadas por las autoridades, incluso antes de la crisis”.
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