Una abogada española ha llevado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU cuatro denuncias de mujeres afectadas por violencia obstétrica sufrida en hospitales públicos españoles. En todos los casos, la decisión de elevar las denuncias a dicha Comisión, se ha llevado tras buscar soluciones en la Justicia de España y no encontrar respuesta e incluso en algún caso, sin que tan siquiera se abra una investigación aun habiendo pruebas suficientes para ello.
Estas mujeres denuncian haber sufrido prácticas médicas negligentes, sin necesidad clínica, y sin consentimiento informado de las pacientes. Algunas prácticas como episiotomías, cesáreas, negación de analgesia protocolizada, aplicación de medicación innecesaria, excesivos tactos vaginales o incluso, repetidos pinchazos fallidos de epidural. Todas estas malas praxis causaron graves secuelas físicas y psicológicas en las mujeres. Algunas de las consecuencias físicas que estas mujeres han experimentado son incontinencia urinaria, repercusiones severas de la vida sexual, lesión neuropática, anemia, debilidad generalizada, insomnio, hipotonía del suelo pélvico, o vaginismo.
Sin embargo, los malos tratos psicológicos y sus repercusiones no son en absoluto desdeñables. Las denunciantes sufrieron desinformación e incertidumbre, desatención de sus deseos, frases humillantes como «tendría que quitarte a la niña, porque te has portado muy mal«, deshumanización, infantilización, zarandeos, aislamiento de los familiares e inclusive sujeción física en quirófano impidiendo tocar a su propio hijo. Por estos motivos, manifiestan graves secuelas tales como ansiedad, dependencia de otras personas y estrés postraumático.
Todo lo anterior lleva a las mujeres afectadas por violencia obstétrica a buscar en la ONU el reconocimiento de la vulneración de sus derechos, y de que España incumple su obligación legal de erradicar los tratos degradantes y discriminatorios hacia la mujer.
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