Por María Gijón – Equipo de alumnado en prácticas de Fundación Mujeres
El pasado lunes se filtraba, a través del Diario Político, un borrador inicial sobre la intención por parte del Supremo de Estados Unidos en que se deja ver de forma clara su firme decisión de anular el derecho al aborto. El derecho al aborto está regulado en EEUU desde 1973, cuando, tras la histórica polémica Roe contra Wade que garantizó constitucionalmente (amparándose en la decimocuarta enmienda, que garantiza la privacidad) el derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana número 23, en la que se fija la viabilidad del feto.
El fallo no se espera hasta principios de verano. Sin embargo, ha despertado gran preocupación por las consecuencias que implicaría este retroceso en los derechos de las mujeres.
En el texto se encuentran expresiones como “La Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional” o “Es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema a los representantes elegidos por el pueblo”, sentencia el borrador, siempre según Político.
La revelación del borrador ha generado un fuerte malestar entre la población. Según una reciente encuesta del Pew Research Center, casi 7 de cada 10 estadounidenses está en contra de la derogación del derecho al aborto, así como una alarma internacional, pues supondría dejar vía libre a los Estados para decidir sobre los derechos reproductivos de más de 160 millones de mujeres. Más de 20 Estados están a la espera de esta decisión para dar vía libre a las leyes que llevan meses preparando, como es el caso de Texas u Oklahoma, entre otros.
Como destaca la Alta Comisionada de la ONU para América Latina, Michelle Bachelet, “casi todas las muertes relacionadas con el aborto ocurren en países que lo criminalizan o restringen severamente, forzando a las mujeres a recurrir a procedimientos inseguros«.
De acuerdo con el Instituto Guttmacher, organización sin ánimo de lucro del campo de la salud reproductiva con sede en Estados Unidos, la tasa de abortos es de 37 por 1.000 personas en los países que prohíben el aborto totalmente o lo permiten sólo en caso de riesgo para la vida de la mujer, y de 34 por 1.000 personas en los que lo permiten en general, diferencia que no es significativa estadísticamente.
En la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) estableció en una declaración de 2014: El aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad maternas. Como tal, los Estados partes deberían legalizar el aborto al menos en casos de violación, incesto, amenazas a la vida y/o salud de la madre o discapacidad fetal grave, así como proporcionar a las mujeres acceso a atención de calidad después del aborto, especialmente en casos de complicaciones resultantes de abortos inseguros. Los Estados partes también deben eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se someten al aborto.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Comité contra la Tortura también han pedido que se eliminen las penas por aborto y que se adopten medidas para garantizar su acceso legal y seguro.
En este sentido, Fundación Mujeres expresamos nuestro rechazo a cualquier retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y consideramos que el trabajo de las organizaciones expertas, las instituciones públicas y la sociedad civil, debe continuar para evitar que esto ocurra.
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