El pasado 24 de marzo varias personas expertas comparecieron en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para informar sobre el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.
Abrió esta Comisión de Igualdad Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres, para poner de manifiesto que los eslóganes de “no es no” y “solo sí es sí” tienen que tener una traducción penal que garantice que “se deje de preguntar a las mujeres por su comportamiento” y se empiece a preguntar a los agresores si “hicieron lo suficiente para obtener el consentimiento sexual”, ya que “estamos construyendo entornos en los que los varones […] son irresponsables con respecto a la obtención del consentimiento”.
Continuó expresando que considera “absolutamente imposible no concluir que la existencia de una industria del sexo” no tenga una incidencia en lo que es la “comprensión de la prestación del consentimiento” y que la penalización del proxenetismo y la tercería locativa en este Proyecto de Ley “no tiene tanto que ver con el debate global de la abolición de la prostitución sino con la protección del bien jurídico que se pretende”, que es el consentimiento sexual. Por tanto, esta decisión legislativa no tiene tanto que ver con una postura definitiva sobre la abolición de la prostitución, sino el papel que juegan estas dos figuras respecto de la libertad sexual.
Por ello, habló de la necesidad de penalizar el proxenetismo y la tercería locativa en esta ley, ya que si no penalizamos estas figuras “aquellas mujeres que acuerden el mantenimiento de relaciones sexuales a cambio de precio y que lo hagan con una intermediación de un tercero” tienen limitado “su derecho a retirar el consentimiento a lo largo de la relación”. Esta conclusión se deriva de “la propia lógica del mercado” ya que, a alguien que quiere ganar dinero no es posible pedirle que tenga como primer objetivo “la protección del consentimiento sexual de la mujer”. Es decir, “no hay manera de abordar una ley de libertad sexual si no se toman medidas en contra del mercado prostitucional”: no es compatible poner en el centro de los delitos contra la libertad sexual el consentimiento sexual al mismo tiempo que se permite la no penalización de aquellos comportamientos que están alentando la prostitución.
Marisa Soleto planteó en esta sesión que, si ahora no abordamos el debate sobre la prostitución, tendrá que hacerse cuando se planteé la regularización de la ley de trata y en ese momento propondrán los mismos argumentos que se proponen en las enmiendas a este Proyecto de Ley para no abordar este debate. En otras palabras, no abordar en este momento el debate es posponerlo al futuro. Finalizó su ponencia con una reflexión hacia las personas asistentes: cómo les explicamos a los jóvenes que queremos una ley en la que “el consentimiento sexual se ponga en el centro y se le pregunte al agresor qué es lo que hizo para obtener ese consentimiento” al mismo tiempo que puede obtenerlo en “miles de agencias a su disposición dispuestas a darle ese consentimiento sexual a cambio de un precio que es perfectamente asequible para él”.
Del resto de ponencias en esta Comisión de Igualdad, desde Fundación Mujeres nos gustaría destacar las aportaciones de algunas de las expertas que comparecieron en la sesión.
Nuria Varela, directora general de Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias, señaló dos debilidades del Proyecto de Ley que están relacionadas con la inseguridad en el ámbito conceptual y en el ámbito competencial, al no quedar definido en el texto si la violencia sexual es una forma de violencia de género o no, ya que en su exposición de motivos y en el artículo primero habla de “niños, niñas y mujeres”. Para la experta, si esta no es una ley de violencia de género “no debería ser establecido un sistema integral de tutela con las instituciones especializadas en violencia de género”, ya que esta cuestión no es solo académica, sino que es determinante “en el día a día de las políticas públicas: qué se está protegiendo, a quién y quién tiene las competencias para hacerlo”. De esta confusión conceptual surgen otras dudas: si la violencia sexual será juzgada en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, si el turno de oficio contemplado será el de violencia de género o se hará uno específico, etc. Nuria Valera también advirtió sobre la falta de artículos dedicados a la prevención, siendo deseable a su juicio “centrar esfuerzos en erradicar la violencia sexual” y no centrarse en “la parte final del proceso, cuando el daño ya está hecho”.
Para Miren Ortubay, profesora de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, tampoco es una decisión acertada incluir como sujetos pasivos de la ley a mujeres y menores, es decir, niñas y niños. En su opinión, aunque ambos son “dos fenómenos altamente preocupantes”, son distintos, con consecuencias diferentes y que “se enmarcan en distintos desequilibrios de poder”. No se trata de comparar, sino de hacer “un buen diagnóstico”. Además, la profesora considera que “en el plano simbólico es inaceptable esa equiparación”, ya que no se debe “volver a tratar a las mujeres como a personas incapaces de tomar decisiones sobre su vida”.
Por su parte, Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), manifestó que considera necesario realizar una ampliación de la exposición de motivos para introducir una motivación adecuada que ponga de manifiesto que “la prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer”, sino que tiene que ver “con violencia, con marginación, con dificultad económica y con la cultura sexista y patriarcal”.
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