Un año más, desde 1988, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ha publicado el informe anual de «Interrupción Voluntaria del Embarazo: Datos definitivos correspondientes al año 2020» a partir de la información facilitada por las comunidades y ciudades autónomas.
Esta serie ininterrumpida de informes tiene como objetivo «contar con un sistema de vigilancia epidemiológica como instrumento para el estudio de la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista de la Salud Pública, al mismo tiempo que sirve para la difusión oficial de los resultados de las estadísticas elaboradas«.
 Autoría / Editado por: Ministerio de Sanidad del Gobierno de España |
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El informe del 2020 muestra un descenso de casi el 11% en la tasa de IVE respecto al año anterior. En 2020 se han registrado 88.269 IVEs con una tasa de 10,33 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años; mientras en 2019 se registraron 99.149 IVEs con una tasa de 11,53. La Dirección General de Salud Pública -Pilar Aparicio Azcárraga- indica que este suceso podría ser consecuencia de la compleja situación de la pandemia provocada por la COVID-19, ya que este descenso ha afectado a todas las comunidades autónomas y a todas las franjas de edad.
El Registro Estatal de IVEs señala que las interrupciones fueron llevadas a cabo en 207 centros autorizados, de los cuales solamente el 15,49% eran centros públicos. De hecho, todas las IVEs realizadas en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia se hicieron en centros privados, como ilustra la siguiente figura. Estos datos ponen de manifiesto que el derecho a un aborto accesible no se está respetando en todas las Comunidades Autónomas, dando cuenta de las desigualdades geográficas que actúan como barrera para ejercer libremente este derecho en España.
En cuanto al período de gestación en el momento de la interrupción, cabe señalar que un elevado número -el 71,85%- de las IVEs se produjeron antes de la octava semana de gestación, mientras que solo el 0,18% tuvo lugar más allá de la semana 23 de gestación. Respecto a los motivos de la IVE, la gran mayoría -el 90,87%- de los abortos realizados se produjeron por decisión y petición de la mujer; seguido del 5,73% por suponer un grave riesgo para su vida o su salud; el 3,10% por riesgo de graves anomalías en el feto y el 0,30% debido a anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable.
Finalmente, llama la atención que el 41,31% no utilizaban ningún método anticonceptivo. Esto nos informa de la todavía presente necesidad de sensibilización en torno al uso de anticonceptivos, no solamente como prevención de embarazos no deseados, sino también de infecciones y enfermedades de transmisión sexual.
En base a estos datos, el Ministerio de Sanidad debe trabajar en una estrategia para seguir garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y, sobre todo, mejorando el acceso de esta prestación en el Sistema Nacional de Salud.
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