Por Ángeles Cuesta – Voluntaria de Fundación Mujeres
El mundo de las personas privadas de libertad y de las instituciones que regulan y procuran su estancia en prisión es uno de los que más compromete el respeto de los Derechos Humanos. Asimismo, no escapa al planteamiento y desarrollo patriarcal que caracteriza de forma estructural a los distintos ámbitos sociales, económicos, culturales y jurídicos.
Las Reglas de las Naciones Unidas conocidas como “Reglas de Bangkok” ofrecen las normas que permiten identificar cuando se está vulnerando los Derechos Humanos de las mujeres reclusas, las cuales son triplemente criminalizadas: socialmente (ya que atentan contra el rol de género históricamente asignado a las mujeres), personalmente (su desarraigo familiar es en muchos casos y por distintas causas inevitable) y por el sistema penitenciario (sus condiciones de vida dentro de las prisiones son mucho más duras que las de los hombres).
Poniendo en cifras la realidad de las mujeres dentro de centros penitenciarios, en 2016 las mujeres representaban el 4,5% de la población penitenciaria en los 28 estados miembros de la Unión Europea, mientras en España, la cifra asciende al 7,5%, lo que nos sitúa como uno de los países con la mayor tasa de encarcelamientos femeninos de Europa occidental.
El incremento de la población penitenciaria femenina no se corresponde con un incremento real de los delitos, sino con un endurecimiento de las penas impuestas. Las sentencias son más duras cuando se trata de mujeres que cuando se trata de hombres, aunque el delito sea el mismo.
La Comisión de Derechos de la Mujer y para la Igualdad de Género de la Unión Europea apunta que la principal causa para el encarcelamiento de las mujeres es “el deterioro de las condiciones económicas de las mujeres” que viene agravado por la feminización de la pobreza. La mayoría de las mujeres que delinquen lo hacen por motivos familiares, bien porque necesiten mantener a su familia, bien por su relación con su pareja varón (dependencia, encubrimiento, engaño…). Son circunstancias habituales también antes de entrar en prisión, además de su precariedad económica y laboral, un bajo nivel de estudios y haber sido víctimas de violencia de género. Más del 80% de las mujeres residentes en centros penitenciarios han sufrido violencia machista, su ingreso en prisión hace que pasen de ser víctimas a convertirse exclusivamente en delincuentes.
El sesgo de género comienza ya desde el momento en que los estudios y estadísticas se centran en los hombres que delinquen, no en las mujeres. Esto imposibilita el análisis de las causas que llevan al encarcelamiento de las mujeres, los tipos de delitos que cometen, su situación dentro de las prisiones, su reinserción, etc.
Existen solo 4 cárceles exclusivamente para mujeres de las 69 prisiones que hay en España. El resto de las mujeres residentes en centros penitenciarios se reparten en módulos para mujeres en 41 cárceles para hombres. Tanto los mecanismos de control y seguridad como los espacios comunes, los talleres encaminados a lograr la reinserción o los trabajos remunerados están adaptados a un perfil criminal masculino. Dada la escasez de espacios exclusivos para las mujeres, se hace imposible separar a las internas por edad, por el tipo de delito o por su perfil criminal.
Los estereotipos de género actúan también a través de la propia ley. En el caso de la concesión del tercer grado, por ejemplo, éste se les concede a las mujeres para desempeñar labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerados en su propia casa mientras que a los hombres se les exige tener un trabajo remunerado. Con ello, se perpetúa la idea de que los cuidados son una cuestión exclusiva de mujeres y se refuerzan los motivos culturales y familiares que, como hemos visto, llevan en muchos casos a la mujer a delinquir. Además, el trabajo penitenciario que se ofrece a las internas se enfoca en áreas tradicionalmente asignadas a las mujeres, lo que dificulta sus recursos a la hora de reinsertarse laboralmente.
El 80% de las mujeres que residen en centros penitenciarios son madres y el 56% está entre los 21 y los 41 años, es decir, en periodo reproductivo. Los hijos e hijas permanecen con la madre hasta los 3 años. A esta edad, si la madre no ha conseguido el tercer grado, las criaturas pasan a vivir con sus familiares, en centros de la comunidad autónoma o con una familia de acogida. Prima ante todo salvaguardar el interés del menor.
Sin embargo, la realidad pone de manifiesto la imposibilidad para que las madres mantengan un vínculo adecuado con los hijos que no conviven con ellas en prisión, así como la dificultad de los menores que viven con ellas para relacionarse con sus otros familiares, además de que éstos normalizan la privación de libertad (cacheos, horarios, castigos, controles…) como una forma de vida natural.
A pesar de los intentos por parte de los principales agentes implicados en la eliminación de la discriminación de las mujeres internas, no se están alcanzando los resultados deseables. Es necesario un nuevo enfoque con perspectiva feminista que busque soluciones libres de patrones machistas. Entre las medidas más básicas y urgentes que deberían implementarse, se propone:
- Búsqueda y refuerzo de penas alternativas a la privación de libertad, así como acceso a recursos extrapenitenciarios.
- En cada provincia debería haber una prisión con plazas de mujeres a las que se les garanticen las mismas dotaciones y los mismos derechos que a los hombres.
- Atención sanitaria igualitaria y respetuosa con la intimidad y dignidad de las mujeres. Asimismo, mejoras en los tratamientos médicos para mujeres con enfermedades mentales, el porcentaje de las cuales es alarmantemente elevado.
- Mayor control y vigilancia de los malos tratos y la discriminación que sufren las mujeres (agresiones verbales, acoso, exigencia de favores sexuales a cambio de beneficios penitenciarios, etc.).
Todo lo relativo al sistema penitenciario, las cárceles y sus ocupantes, tanto trabajadores como internos/as, suele despertar un cierto sentimiento de recelo e inquietud; aparece como un mundo hostil y peligroso. Ahora, imaginemos el desamparo que puede sentir una mujer sola dentro de ese sistema que, además, está hecho por hombres, para hombres e implacablemente dominado por hombres. En una sociedad democrática, es fundamental ser conscientes de su situación y apoyar activamente cualquier medida que haga su situación más justa y humana.