La situación de crisis actual ha llevado a muchas instituciones a adoptar medidas de contención del coronavirus que han dejado a millones de niñas en una mayor situación de vulnerabilidad y desprotección. Por ello, desde la alianza No Quiero, conformada por Amnistía Internacional, Save the Children, Mundo Cooperante y Entreculturas, se insta a los gobiernos a que, de forma urgente, reinstauren los programas preventivos de mutilación genital femenina (MGF) y matrimonios forzados infantiles.
Algunos factores como el cierre de escuelas, la inseguridad económica y alimentaria, y la falta de medidas de protección social aumentan el riesgo de que se lleven a cabo las prácticas nocivas anteriores. Más específicamente, y según las proyecciones realizadas por el Fondo de Población para Naciones Unidas (UNFPA) esto podría resultar en 2 millones de casos de MGF y 13 millones de matrimonios forzados, así como 7 millones de embarazos no deseados y 31 millones de casos nuevos de violencia de género.
Por ejemplo, el matrimonio infantil «es utilizado por las familias en crisis humanitarias para reducir su carga financiera, particularmente cuando se paga el precio de la novia, o en la creencia de que es necesario proteger a las niñas de otras formas de violencia de género. En muchos casos, la mutilación genital va de la mano, pues se le practica a las niñas para casarlas posteriormente«. Por otro lado, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, advierte de que «la mutilación genital femenina constituye una forma de tortura, de discriminación y violencia de género que sufren fundamentalmente las niñas«
De esta forma, ponen de manifiesto que el estancamiento de los programas frenará los avances relativos a la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina (MGF), corriendo peligro también lo se había conseguido hasta el momento.
Medidas contra la MGF y el matrimonio infantil
Desde la alianza No Quiero piden actuaciones para garantizar la protección de los derechos de las niñas, y compromisos concretos en sus políticas y decisiones financieras. Algunas demandas importantes son:
- Priorizar e integrar la prevención y la respuesta a la violencia de género, incluyendo atención de la salud mental, psicosocial, sexual y reproductiva para niñas sobrevivientes.
- Garantizar una educación de calidad y libre de violencia para las niñas. Las escuelas deben ser espacios protectores y seguros, con infraestructuras inclusivas y adecuadas que promuevan la reflexión y toma de conciencia sobre las normas de género desiguales que perpetúan la violencia hacia las niñas.
- Velar por que todas las niñas dispongan de acceso a servicios de salud adecuados y dotados del personal y el equipo adecuados; incluyendo las pruebas, tratamiento y vacunas de la COVID-19 cuando se disponga de las mismas.
- Mantener e incrementar la disponibilidad de espacios seguros y servicios y líneas de asistencia abiertos durante la pandemia que brinden protección a las víctimas en situación de riesgo.
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