El pasado 18 de marzo en Cochabamba, Bolivia, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) presentó el informe que recoge los resultados del estudio “Niñas madres. Balance Regional embarazo y maternidad infantil forzados en América Latina y el Caribe” que llevaron a cabo en 14 países de la región (Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, y Uruguay).
Cada año, decenas de miles de niñas de América Latina y el Caribe quedan embarazadas contra su voluntad. La mayoría de ellas son forzadas a continuar con el embarazo debido a legislaciones restrictivas, falta de acceso a servicios de salud, ideas religiosas y patriarcales, falta de recursos etc., y se convierten en madres a una edad en la que deberían estar jugando. A diferencia de lo que ocurre en adolescentes entre 15 a 19 años, donde se registra una alta incidencia de embarazos debido a una iniciación sexual temprana y una falta de acceso a servicios de educación y salud sexual y reproductiva, la mayoría de los casos de embarazos en menores de 15 años con producto de violencia sexual, ejercida principalmente por integrantes de la familia (abuso sexual incestuoso), conocidos, o vecinos.
En los 14 países incluidos en el estudio, las relaciones sexuales con niñas están penalizadas como violación y la mayoría de las legislaciones vigentes tipifica el abuso sexual incestuoso como un caso agravado de abuso. Sin embargo muy pocos casos se denuncian, y aquellos que lo son, no siempre son encaminados judicialmente a través de un proceso que conduzca a una sentencia. El número de denuncias que terminan en condenas es ínfimo y la impunidad es altísima.
En países El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana es imposible interrumpir legalmente un embarazo. En los demás, la legislación recoge la violación o los riesgos para la salud o la vida como causales que permiten la interrupción voluntaria del embarazo, sin embargo en numerosas ocasiones se deniega el acceso al aborto o no existen protocolos para implementarlo legalmente. El acceso a anticonceptivos y en especial la anticoncepción de emergencia es extremadamente difícil o supone un gasto inasumible para estas familias.
De acuerdo al informe, obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La respuesta de los Estados es diversa, va desde el silencia y la indiferencia, hasta el encierro de las niñas para garantizar la continuidad del embarazo.
Para más información visita:
Opinión: El drama de las niñas violadas que son obligadas a ser madres
Descarga el informe a continuación:
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