“La violencia sexual abarca la violación y otras agresiones sexuales. La violación se define como una relación sexual sin consentimiento válido, mientras que la agresión sexual se refiere a la violencia sexual que no constituye una violación. También se entiende por agresión sexual un acto sexual no deseado, un intento de realizar un acto sexual, o el contacto o la comunicación con una atención sexual no deseada que no llegan a constituir una violación. Abarca asimismo la agresión sexual con o sin contacto físico, e incluye la agresión sexual facilitada por el uso de drogas; la agresión sexual contra un cónyuge en contra de su voluntad, la agresión sexual contra una persona desvalida, los tocamientos o las caricias no deseados, el acoso y las amenazas de carácter sexual. Por último cabe recordar que las cifras se refieren solo a los delitos registrados por la policía.” Eurostat, 2017.
Según el Informe presentado por Eurostat, España se sitúa en el número 26 de entre los 36 países en los que se recogen datos con finalidades estadísticas. En la comparación de España con países como Suecia, con amplias políticas en materia de Igualdad de Género, la tasa se sitúa en 18,6 por cada 100.000 habitantes frente a los 120 en el caso sueco. Es decir, en países donde la sensibilización, visibilización e intolerancia a las violencias machistas es mayor, también lo es el número de denuncias.
Cabe destacar que, en 2015, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), amonestó públicamente a España por la falta de colaboración del Estado en la visibilidad de las agresiones machistas y, le exigió un Plan que recogiera datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual desglosados por sexo, edad, nacionalidad y relación entre la víctima y el autor.
En 2017, sigue sin ofrecer estos datos, de lo que se deduce que, el Estado Español no está siguiendo las recomendaciones de Europa en la lucha contra las violencias machistas, evitando dar una respuesta al Comité a pesar de haber ratificado en 2014 el Convenio de Estambul en la lucha contra la violencia a mujeres.
El pasado mes julio, 250 organizaciones feministas, presentaban el Informe denominado Sombra CEDAW, en el que se pone de manifiesto la necesidad de contar con una estructura para la recogida y tratamiento de los datos, así como con una metodología compartida y, al mismo tiempo, solicita al Estado español que contabilice en sus estadísticas por violencia de género también los asesinatos de mujeres con móvil sexual por hombres desconocidos, cercanos o víctimas de redes organizadas, con objeto de integrarlos en las cifras oficiales de asesinatos machistas.
Publicaba El País el pasado día 24 de noviembre su artículo «Una violencia invisible» donde se puede leer que, recursos como CAVAS, Asociación que presta atención a víctimas de agresiones sexuales, pierden su fuente de financiación por los recortes presupuestarios que han sufrido los Centros de Atención a las Víctimas y que, en España, 8 de las 17 comunidades autónomas, es decir, casi la mitad, carecen de Centros de atención específicos para víctimas de violencia sexual.
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El País: «Una violencia sexual invisible»
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Observatorio de Violencia: «Informe Sombra Cedaw»