Tras casi 7 meses de incertidumbre, el Senado dominicano ratificó su postura en contra del aborto con la aprobación de un nuevo Código Penal, el pasado 31 mayo, que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. La sociedad dominicana, y en concreto los grupos feministas, pueden perder una larga batalla que saltó a la palestra internacional con el caso Esperancita hace 5 años: una menor, embarazada y con leucemia, murió en el hospital tras la negativa de los doctores a tratar la enfermedad, alegando que los medicamentos causarían la muerte del feto. Finalmente, ambos perdieron la vida.