Por Pedro José Ramis – Equipo de voluntariado del Observatorio de Violencia
La COVID-19, sin duda, ha producido el paro de todo un país y, con toda seguridad el periodo ‘post-covid‘ conllevará considerables cambios sociales y económicos, rompiendo con todo lo anteriormente establecido como consecuencia directa de lo vivido; también en el aborto libre y seguro, con todas las características adyacentes que lo rodean.
En el periodo de pandemia por el coronavirus, son sustanciales las consecuencias que ha conllevado en esta materia. Si bien es cierto que las medidas de confinamiento y distanciamiento social han podido evitar las relaciones entre personas no convivientes durante los meses de dicho periodo; también se han dado una serie de circunstancias agravantes y perjudiciales, como los centros sanitarios cerrados y/o colapsados con la gestión de la COVID-19.
"Porque un embarazo no deseado es de por sí un momento de angustia e incertidumbre para la mujer y vivirlo durante una cuarentena, que impone aislamiento social y restricciones a los movimientos, puede agudizar estos sentimientos y la sensación de impotencia y parálisis".
Cualquier mujer que, por las circunstancias de su embarazo o en el marco de su libre elección tuviera que someterse a un aborto, se hallaba ante el colapso de la sanidad, debiendo optar por esperar y unos procesos ralentizados, a sabiendas de que el tiempo es un factor determinante en el riesgo de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE); o recurriendo a la sanidad privada, cuyos costes no son accesibles para todas las mujeres y niñas.
Así, cabe indicar que el nivel de afectación ha sido distinto según el nivel económico. Si para la clase alta ha sido el trámite de solicitar cita en un centro privado para realizar el aborto, en las clases con menos recursos económicos ha supuesto un verdadero dolor de cabeza, con dificultades en el acceso al sistema sanitario y a las clínicas asociadas.
Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), se solicitó a las instituciones competentes en Sanidad la supresión de la informativa presencial de la mujer previa a la IVE durante el Estado de Alarma, facilitando que se pudiera realizar a distancia por vía telemática, evitando así desplazamientos innecesarios.
Según los datos manejados por la citada asociación, el número de abortos provocados realizados desde la declaración del Estado de Alarma se ha mantenido, aunque con variaciones en función de los diferentes territorios.
Algunas de las razones que se manejan en aquellos territorios donde la afluencia ha disminuido, pueden ser:
- Retraso por parte de la mujer de la IVE ante la expansión de la pandemia
- Evitar que la intervención sea conocida por las personas convivientes
- Desconocimiento de la apertura de los centros
- Ralentización en la derivación pública por falta de personal afectado por la pandemia
- Ralentización por limitaciones propiciadas por el Estado de Alarma
No obstante, cabe destacar que el servicio de salud sexual y reproductiva relativo a la IVE se ha considerado un «servicio esencial» y «no aplazable», manteniendo los mismos trámites de petición para el mismo, y con derivaciones continuadas desde la sanidad pública a las clínicas tal y como aseguran desde ACAI.
Para facilitar la movilidad, tanto de las propias mujeres como del personal médico y sanitario, se han elaborado documentos con validez jurídica para la justificación de los desplazamientos. De forma similar, se han asegurado otros aspectos relativos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres como la contracepción de emergencia, que ha continuado disponible en las farmacias, sin necesidad de receta.
Desafíos actuales
En 2015, entró en vigor una reforma de la ley del aborto para exigir el consentimiento expreso de padres, madres u otras personas con la tutela legal de las menores de 16 y 17 años que quieren interrumpir de forma voluntario su embarazo. Las jóvenes que por diversos motivos (mala relación familiar, malos tratos en sus hogares, residencia lejos de sus progenitores, etc.) no pueden recabar este consentimiento y tienen un elevado riesgo de realizar abortos clandestinos e inseguros o dar a luz en contra de su voluntad.
De lo anterior se desprende la necesidad de derogar la reforma, recuperando el artículo de la ley de salud sexual y reproductiva de 2010 que solo exigía informar -y no el consentimiento expreso- salvo que se alegase un conflicto familiar; lo que ocurría en aproximadamente un 10% de los casos, según datos de ACAI. Asimismo, se requiere incorporar políticas activas de educación sexual y prevención de embarazos no deseados, facilitando el acceso a métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de urgencia para quien lo precise.
Finalmente, desde el 2010, unas 8.000 mujeres han sido víctimas de acoso por parte de los grupos antiabortistas, quienes este 2020 vuelven a concentrarse durante 40 días frente a clínicas IVE, tal y como años anteriores en los que hostigaron al personal y a las mujeres que acudían a los centros. Frente al acoso de los grupos ultracatólicos y ultraconservadores, es urgente preservar la “intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas, su integridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación”.
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Este artículo forma parte de la campaña de activismo que se va a llevar a cabo con motivo del día 28 de septiembre, Día de Acción Global un Aborto Legal, Seguro y Accesible, en el marco del proyecto “Banco de Buenas Prácticas para la prevención de la Violencia de Género y Educar en Igualdad, hacia un voluntariado 2.0 por el Buen Trato”, gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del IRPF “OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL”.
Colaboran desde el proyecto «Más Feminismo y Menos violencia» ejecutado en El Salvador conjuntamente por Fundación Mujeres y Las Mélidas con la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID)