A lo largo de los años, la interrupción voluntaria del embarazo ha sido una cuestión muy debatida entre la sociedad y ha supuesto la polarización del discurso político. Por un lado, está el sector que defiende el derecho a decidir y lucha por la legalización del aborto, enfatizando en la seguridad y accesibilidad de este método. Por otro lado, nos encontramos con el grupo provida, posicionado en contra de la interrupción del embarazo. Pero en medio siempre están las mismas, aquellas mujeres que se enfrentan a tomar una decisión y a pasar por un procedimiento médico que, de una manera u otra, cambiará su vida. Ante este asunto, nos podemos preguntar: ¿La interrupción voluntaria del embarazo afecta a todas las mujeres por igual?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que “el aborto es seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS que resulta también adecuado teniendo en cuenta la duración de la gestación y lo practica una persona que posee los conocimientos necesarios. Sin embargo, cuando una mujer que está embarazada sin haberlo deseado encuentra obstáculos para que se le presten servicios de atención al aborto de calidad, se expone a riesgos si decide abortar.” Con respecto a esto, aquellas mujeres con menos recursos, que viven en países de bajos ingresos o que residen en un país con fuertes penalizaciones hacia el aborto, se ven expuestas a una serie de riesgos que ponen en peligro su salud sexual y reproductiva. Estas situaciones, incluso pueden poner en riesgo la vida de estas mujeres que no pueden acceder de forma legal y segura al aborto.
En una de sus últimas publicaciones, Amnistía Internacional ha expuesto que en los países en los que se prohíbe el aborto se registran 39 casos por cada 1.000 habitantes. Este dato muestra que la penalización de este procedimiento no impide que las mujeres aborten. Al contrario, en estos países, las mujeres buscan alternativas no legales para afrontar esta técnica. Y esto supone un riesgo para la salud y la vida de esas mujeres que recurren a abortos clandestinos e inseguros. Del mismo modo, las mujeres en una situación socioeconómica complicada sufren aún más la penalización del aborto. Mientras las mujeres con recursos económicos tienen la posibilidad de viajar a países con una legislación favorable al aborto y pagar grandes cantidades por esta intervención, las mujeres con pocos recursos se ven obligadas a poner su vida en riesgo por acudir a lugares no especializados o por utilizar métodos poco seguros.
Así pues, en los lugares en los que el aborto está penalizado y el acceso a los métodos anticonceptivos es escaso, los índices de aborto son mucho más elevados. Por lo que la educación sexual y el acceso al aborto y a anticonceptivos reducen, considerablemente, este índice. Un acceso legal y seguro al aborto es un derecho fundamental para todas las mujeres y negarlo es una vulneración de los derechos humanos, ya que las condena a un aborto inseguro o a un embarazo no deseado.
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Esta actividad forma parte de la campaña de activismo que se lleva a cabo con motivo del día 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, en el marco del “Programa para Educar en Igualdad y Prevenir la Violencia de Género. Hacia un voluntariado por el Buen Trato” de Fundación Mujeres, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de las Subvenciones del 0,7 a actividades de interés social.