Durante el acto de apertura del año judicial que acaba de comenzar, la Fiscal General del Estado Dña. María José Segarra hizo la presentación en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, de la Memoria Anual 2019, donde se recoge la actividad de ese Ministerio Fiscal en 2018, suministrando muchos datos de interés, pero sobre todo unas reflexiones sobre Violencia de Género (en adelante VG), haciendo referencia a menores y a jóvenes, que no tienen desperdicio alguno.
“Existe una inequívoca tendencia al incremento de la violencia entre menores, adolescentes y jóvenes. Esta tendencia se refleja tanto en el ámbito doméstico como en las relaciones sentimentales iniciadas a una edad cada vez más temprana, y que se asientan sobre pautas de control y dominación del chico sobre la chica». Premisa que fue objeto de noticia, tal como nos la mencionaba RTVE, el pasado 9 de septiembre cuando informaba sobre la apertura del año judicial, al igual que lo hicieron muchos otros medios, realzándose apartes del discurso de Segarra, y en especial en lo relacionado con la lucha contra la violencia machista y la prostitución.
Queremos precisar algunas «perlas», que serían importantes rescatar en aras de un debate sobre la situación actual con relación a los menores. Una, cuando señala: “A pesar de que los menores se consideran como víctimas incluidas en la LO 1/2004 tras la reforma de 2015, sigue sin otorgárselas el protagonismo que merecen. Es necesario escuchar lo que puedan decir, y sigue siendo una asignatura pendiente establecer medidas civiles de protección a los mismos, así como su seguimiento y supervisión”. Se reconoció que la tarea está sin hacer y es una asignatura pendiente. Frente a este resultado, creemos, se debería requerir al poder judicial, para que se pongan los medios y que esta instrucción llegue a los despachos de jueces y juezas de VG, que son los y las que pueden impartir y garantizar, en últimas, las medidas de protección para las y los menores víctimas.
Otra es, cuando se refiere a los Delitos contra la libertad Sexual y el incremento de la violencia entre jóvenes, donde cada vez hay más implicados menores de 14 años, lo que es para la Fiscal otro punto muy inquietante, especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual ejercida en grupo, dando como un posible “efecto contagio” que está haciendo que se multipliquen las violaciones en grupo y vincula ese hecho al uso de las redes sociales (es de conocimiento que el modelo o comportamiento delicuencial de la “Manada” se ha repetido muchas veces en el último año, en varias localidades de España).
Pero la afirmación más grave se hace con relación a las víctimas: «Resulta preocupante que las jóvenes resten importancia a los hechos y disculpen a los agresores, siendo generalmente los familiares de la víctima quienes interponen la denuncia, o personas anónimas que observan los hechos y avisan a la policía». Lo que nos pone sobre la mesa una nueva problemática, ya no solo la violencia machista en jóvenes, sino la resistencia de la víctima menor para denunciar al presunto agresor; la reforma legislativa que elevó de 13 a 16 años la edad para prestar consentimiento en las relaciones sexuales desde 2015, no ha sido suficiente. ¿Cuáles son los hechos que se están normalizando entre los jóvenes?
Como se puede ver en las consideraciones generales (leer más en Memoria anual 2019, Cap. Violencia de género y doméstica), donde se hace referencia a este último punto, estableciendo que : “Se trata de un fenómeno que guarda relación con el uso de la pornografía a través de las redes, donde se representa a la mujer cosificada. Una situación que hay que afrontar desde el ámbito educacional, en el que padres y administraciones tienen que aunar esfuerzos para asegurar la transmisión de valores de igualdad, respeto y no discriminación”. Por lo que, al parecer, es otra labor pendiente, pero que no solo implica a las Administraciones públicas, junto con los Cuerpos de Seguridad, sino un trabajo coordinado con colegios, institutos y los hogares de cada persona en España, donde día tras día se convive con la intromisión del Internet que se instaló como un miembro más de la familia.
Todo el análisis se soporta en los datos oficiales reflejados en el mismo compendio de la Memoria, ordenados por especialidades, donde se exponen cifras y resultados con relación a menores, que previenen a la sociedad española sobre la violencia machista ejercida por éstos, y que en 2018 fue un total de 944 frente a los 684 del año anterior. Igualmente, según esa estadística, suben las violaciones cometidas por menores un 43% (con relación al 2017), para un total de 648 contabilizadas en 2018. Y con relación a menores enjuiciados por violencia machista, son 249 (cifra alarmante), para lo que se adoptaron medidas en el 92,37 % de los casos. Las solicitudes de medidas de protección de chicas menores, también subieron de las 963 a las 1.010.
Estos resultados estadísticos dejan dos componentes en el tintero: 1º. Hay que tomar medidas de prevención inmediatas por el Estado para frenar la situación de menores que sean responsables penalmente (mayores de 14 años y menores de 18, para los que rige la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero), en los delitos de violencia machista y agresión sexual; si bien es cierto, existen Medidas para sancionar la responsabilidad penal de éstos, no hay medidas de prevención al delito. 2º. Se hace visible una problemática invisible: ¿qué está pasando con los infractores menores de 14 años? Estos, ni siquiera aparecen reflejados en las estadísticas, por no ser responsables penales. Es imperiosa la reforma de la Ley del Menor.
¿A quién trasladamos la responsabilidad? Claro queda que nadie está libre de pecado y no se puede ahorrar cualquier esfuerzo para “educar en igualdad”, “eliminar los mitos y estereotipos de género”, para controlar la intromisión de las nuevas tecnologías y el tráfico de pornografía por las redes sociales; digamos que es una tarea compartida. Aunque, también es verdad, que la posición del Ministerio Fiscal es relevante, por su doble condición de institución que promueve la acción de la Justicia y la defensa de la legalidad, y la de velar por los derechos de los y las menores. Así que, frente a los planteamientos preocupantes de la Fiscal General esperamos acciones contundentes y efectivas por ese Ministerio Fiscal, para contrarrestar los efectos de los hechos que han permitido estos resultados en lo que toca a la violencia machista en menores y jóvenes.
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