A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, en la Administración General del Estado(AGE) no se cuenta con un protocolo de actuación que garantice la prevención del acoso sexual en los lugares de trabajo, siendo como es una obligación legal conforme a la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El conocido como “abuso económico de género” ya se ha aceptado por el Tribunal Supremo como un tipo de violencia con doble victimización.
A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, STS 914/2021 del pasado 17 de marzo, en la que se argumenta además de otros temas el relacionado con el impago de las pensiones de alimentos, señalándose por el alto Tribunal que esa acción prevista en nuestro Código penal, Art. 227, es violencia económica, aportándose una luz sobre este tema y determinándose por la doctrina una expresión más de la violencia de género (en adelante VG) que, sin duda, es utilizada como arma arrojadiza de la violencia machista.
Un hecho que en principio atenta contra un derecho privado como es la intimidad, protegida en el código penal en el Titulo X, ha despertado polémica en la opinión pública y ha animado a movimientos feministas a que pidan justicia. La cuestión se centra en el hecho de grabar imágenes y subir vídeos de mujeres en la vía pública, sin su consentimiento, lucrándose con su venta a plataformas pornográficas.
Este artículo forma parte de la campaña de activismo que se lleva a cabo con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en el marco del proyecto “Banco de Buenas Prácticas para la prevención de la Violencia de Género y Educar en Igualdad, hacia un voluntariado 2.0 por el Buen Trato”, gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del IRPF “OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL”.
Este artículo forma parte de la Campaña realizada en torno al día 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el marco del proyecto “Banco de Buenas Prácticas para la prevención de la Violencia de Género y Educar en Igualdad, hacia un voluntariado 2.0 por el Buen Trato”, con la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través del IRPF “OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL”.
De las muchas discriminaciones institucionales, la “esterilización forzada o no consentida” para las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, y que estaba permitida en el Art. 156 del Código Penal español, es la que más ha provocado, al tiempo que la lucha por parte de las organizaciones civiles de mujeres con discapacidad (como CERMI y Fundación CERMI Mujeres), el acuerdo unánime de los partidos políticos en el Congreso de Diputados para su erradicación fulminante.
Este artículo forma parte de la campaña de activismo que se lleva a cabo con motivo del día 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y los 16 días de activismo de ONU Mujeres, “Banco de Buenas Prácticas para la prevención de la Violencia de Género y Educar en Igualdad, hacia un voluntariado 2.0 por el Buen Trato”, gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del IRPF “OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL” y el proyecto DANA+, financiado por el Fondo Social Europeo – Programa Operativo de Inclusión Social y Economía que se desarrolla entre 2019 y 2023.
La Red Internacional de Abogados/as Eureka, una asociación de profesionales del derecho que busca espacios de fortalecimiento, apoyo y debate en varias disciplinas jurídicas y principalmente en la defensa de los Derechos Humanos, entiende que la violencia de género es una violación flagrante que menoscaba y anula el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales, constituyendo una forma de discriminación contra las mujeres, que requiere de especial atención y responsabilidad por parte de las y los operadores jurídicos, así como de una permanente formación en esta materia específica, que proporcione seguridad jurídica en la defensa de la tutela judicial efectiva de las víctimas.
El primer estudio realizado por FADEMUR, caracteriza la violencia sufrida en el ámbito rural como invisible y normalizada socialmente.
El pasado 11 de septiembre se inauguraba la 11ª Edición del concurso de Audiovisuales “Beldur Barik” impulsado por Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer) y con la colaboración de todas las instituciones vascas y el apoyo de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Pero, ¿qué es el programa, cuál es su origen y como está concebido?
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