La pandemia amenaza con revertir décadas de progreso logrado en términos de violencia y abuso contra las niñas a nivel mundial.
Las crisis aumentan la pobreza de las familias y la desigualdad. Como consecuencia, las menores que habitan en países en desarrollo están más expuestas a los matrimonios infantiles, a los embarazos precoces y a la explotación sexual.
La organización Save the children alerta de que aproximadamente 2.4 millones de niñas corren el riesgo de contraer matrimonios forzados en los próximos 5 años, mientras que se espera que los embarazos aumenten a un millón en este año, como resultado del impacto económico derivado de la crisis de la Covid-19.
Se prevé que tanto el número de matrimonios forzados, como de embarazos en adolescentes, aumenten especialmente en el sur de Asia y en el continente africano. De hecho, en la región de África del sur y en el Sahel ya se está registrando un gran incremento de matrimonios infantiles por la pandemia de la Covid-19, algo que generalmente ocurre durante las épocas de sequía.
La Fundación Malala estima que 20 millones de niñas podrían dejar de ir a la escuela. En muchos lugares del mundo, la crisis de la Covid-19 ha ido acompañada del cierre de colegios que amenaza con poner fin al progreso logrado en la educación de las niñas durante los últimos 25 años, ya que es probable que estas dediquen gran parte de su tiempo al trabajo no remunerado, especialmente a las tareas del hogar o el cuidado de hermanos y hermanas menores y de miembros de la familia que enfermen con el virus. La asignación de estas tareas repercute en la falta de tiempo para la educación a distancia, donde esté disponible, y hace menos probable que regresen a la escuela.
En crisis anteriores hemos visto cómo algunas políticas y restricciones gubernamentales empeoran su situación. Tras el brote del ébola de los años 2014 y 2015, miles de adolescentes que se habían quedado embarazadas durante la epidemia no fueron readmitidas en la escuela cuando se retomaron las clases. Finalmente, esta prohibición de admisión se levantó después de años de trabajo de organismos y activistas por los derechos de la infancia de Sierra Leona.
Por otro lado, la interrupción en los programas de prevención como consecuencia del recorte de fondos, podrían derivar a lo largo de la próxima década en 2 millones adicionales de casos de mutilación genital femenina que, de otro modo, se podrían haber evitado.
Por último, es necesario resaltar que la pandemia de la Covid-19 también ha supuesto un aumento considerable de la violencia online contra las niñas y adolescentes, ya que el confinamiento ha ido acompañado de un aumento del uso Internet para acceder a la educación a distancia y del uso de las redes sociales, lo que les ha hecho estar cada vez más expuestas al ciberacoso.
La situación actual nos exige actuar de inmediato para prevenir mayores consecuencias a largo plazo. Para ello es necesario sensibilizar a la población y contar con el apoyo de los gobiernos y de las organizaciones civiles.
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