Por Katherine Tamayo Mejía – Equipo técnico del Observatorio de Violencia
Con el objetivo de mejorar la prevención, detección y atención de la violencia de género, la violencia sexual y los casos de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual; así como, mejorar la coordinación del cuerpo municipal con los Mossos d’Esquadra, el Ayuntamiento de Barcelona presenta en el próximo pleno municipal una medida de gobierno para ampliar los recursos y la preparación de la Guardia Urbana al momento de atender a las mujeres víctimas de violencia machista.
Se prevé crear para el año 2021 una comisión permanente de coordinación para gestionar los casos de violencia machista, ello tras encontrar más de 155 casos durante el estado de alarma del mes de marzo y de que en septiembre se hiciera una prueba piloto en el distrito de San Martí, en la que participaron varios servicios de la Concejalía de Feminismos, la dirección de Servicios Sociales, la Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra para hacer un ‘análisis, seguimiento de casos y la propuesta de una metodología estandarizada para trasladar a toda la ciudad’.
Se propone la ampliación de las funciones de la policía de barrio, que asumiría las tareas de análisis, coordinación y seguimiento de casos de violencia machista, tendría sesiones informativas junto a los servicios municipales de atención a la mujer y grupos de atención a víctimas de Mossos d’Esquadra; además, sus responsables recibirán formación en materia de prevención de la violencia de género en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya -ISPC.
Se creará un procedimiento operativo que estandarice la coordinación con los puntos lilas de la ciudad y se fijará un modelo de dispositivo para la prevención de estas violencias en fiestas mayores y eventos grandes; todo ello, a cargo de la Concejalía de Servicios de Feminismos y LGBTI y el cuerpo policial.
Además, se prevé mejorar la coordinación con los Mossos y el intercambio de información en violencia machista, la participación en un protocolo para abordar casos en el transporte público y la implementación de un protocolo en el Frente Marítimo que coordine a cuerpos policiales, seguridad privada y el dispositivo antimachista.
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