Este artículo se enmarca dentro de la Campaña #28S de Fundación Mujeres con motivo de la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.
En España, el pasado 21 de septiembre de 2021, el Congreso de los Diputados apoyó -con 199 votos a favor, 144 en contra y 2 abstenciones- tramitar una ley para penalizar el acoso que reciben las personas que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
La proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, dicta lo siguiente: «El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.»
Desde hace tiempo, grupos ultracatólicos se concentran en las puertas de las clínicas IVE para intentar persuadir a las personas que ya han decidido interrumpir su embarazo para que no lo hagan. Para ello, utilizan diferentes métodos que van desde mostrar pancartas y folletos antiaborto hasta ofrecerles fetos de juguete y llamarles ‘asesinas’.
Todavía hoy existe controversia sobre si estas acciones se consideran coacción o no, como se vio en las dispares intervenciones y opiniones en el Pleno del Congreso. No obstante, el hostigamiento que sufren las personas que acuden a abortar por parte de grupos antiaborto es una realidad.
Así lo mostró el estudio que, en 2018, llevó a cabo la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) llamado ‘Percepciones de las mujeres que interrumpen su embarazo frente al hostigamiento de los grupos anti derechos/anti elección en las puertas de los centros acreditados para la IVE‘.
Entrevistaron a 300 mujeres que se vieron afectadas por este acoso cuando trataban de acceder a siete clínicas IVE ubicadas en Albacete, Algeciras, Córdoba, Madrid y Málaga. Los resultados mostraron que el 89% de las mujeres se sintieron acosadas y el 66% de ellas amenazadas. Además, el 91% afirmaron que deberían recibir protección pública ante las acciones de estos grupos.
"Las mujeres que interrumpen su embarazo lo hacen en base a un derecho que se les ha reconocido y el ejercicio de ese derecho debe ser protegido cuando es obstaculizado."
Parece que, al fin, estas voces han sido escuchadas y se les ha dado un espacio en la agenda política. Ahora queda esperar para ver los resultados en la protección pública.
Se puede acceder al Boletín Oficial de las Cortes Generales con la proposición de dicha ley aquí.
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