El pasado jueves 1 de julio, se aprobaba por unanimidad en el Pleno de la Asamblea de Extremadura el paquete de propuestas planteadas en materia de violencia en mujeres con discapacidad; que habían sido consensuadas con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Extremadura.
Estas propuestas giran en torno a cuatro aspectos:
- Desarrollar programas de formación dirigidos a las mujeres con discapacidad, con información sobre sus derechos, cómo reconocer la violencia, medidas legales existentes y cómo denunciar los casos de violencia contra ellas.
- Dotar a los servicios sociales y las oficinas de igualdad de profesionales de la psicología con formación en violencia de género y derechos de las personas con discapacidad.
- Implementar la figura del “asistente personal” para mujeres con discapacidad y mujeres con discapacidad víctimas de violencia, con formación en psicología, violencia de género y discapacidad, que fomente su empoderamiento y pueda detectar situaciones de riesgo y/o violencia y denunciarlas.
- Promover la incorporación efectiva de profesionales de la psicología y la abogacía, para acompañar a las víctimas de violencia de género durante el proceso policial y judicial.
La realidad de las mujeres y niñas con discapacidad frente a la violencia
Cermi Extremadura realizó un estudio que reflejaba las mayores dificultades que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan en el proceso que tienen que enfrentar ante un caso de violencia de género, como una posible mayor dificultad de expresión, la menor credibilidad hacia su relato (especialmente cuando la discapacidad tiene lugar en el espectro cognitivo), la mayor dificultad de acceso a los recursos de forma autónoma en algunos casos, etc.
La mayoría de casos de violencia de género contra mujeres con discapacidad no se denuncia y, cuando se hace, es vivido por ellas con un estrés emocional muy alto. Además, que en muchos casos la violencia provenga del padre de sus hijos e hijas, fomenta que la denuncia sea retirada. A todo ello hay que sumar todos aquellos en los que el Ministerio Fiscal no encuentra pruebas suficientes para sustentar la denuncia y finaliza el proceso judicial.
El estudio también refleja algunos datos abrumadores, como que “un 32,9% de las encuestadas afirma haber sufrido violencia física a lo largo de su vida”, “un 22,9%, violencia sexual”; y “un 58%, violencia emocional, fuera del ámbito de la pareja”. Si nos centramos en la violencia dentro de las relaciones de pareja, las cifras son todavía más cruentas. “El 44,7% asegura haber sufrido violencia física; un 53,2%, violencia sexual; y un 87,2% sufre abuso emocional”.
Si retomamos la baja frecuencia de denuncia de estos casos, cabe pensar que el número de mujeres víctimas es en realidad mucho mayor, ya que menos de la mitad de las mujeres cuenta la situación que están viviendo o han vivido, ya sea a su entorno o servicios de intervención.
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