Por María Barbero Rico – Alumna en prácticas de Educación y Prevención de la violencia de género de Fundación Mujeres
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979. Su objetivo fundamental es promover y proteger los derechos de las mujeres en todo el mundo, reconociendo que la discriminación de género es una violación de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo sostenible.
La CEDAW establece un marco legal y un conjunto de principios y obligaciones que los países signatarios deben cumplir para garantizar la igualdad de género y eliminar la discriminación contra las mujeres en todas sus formas. Estos compromisos abarcan una amplia gama de áreas, como la educación, el empleo, la participación política, la salud, la violencia de género, el matrimonio y la familia.
Para supervisar el cumplimiento de la CEDAW, se creó un comité de expertas independientes conocido como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Este comité está compuesto por 23 expertas de diferentes países y es responsable de revisar los informes periódicos que los países presentan sobre las medidas que han tomado para implementar la Convención en sus respectivos territorios.
El Comité examina de manera detallada la situación de las mujeres en cada país y emite recomendaciones específicas para abordar las brechas y desafíos identificados. Estas recomendaciones incluyen medidas legislativas, políticas públicas, programas de acción afirmativa y cambios en la cultura y las actitudes sociales.
La CEDAW es uno de los tratados de derechos humanos más ampliamente ratificados, con la adhesión de la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, a pesar de los avances realizados, aún persisten desafíos en la plena implementación y aplicación de sus disposiciones.
Para abordar estos desafíos, se requiere una colaboración efectiva entre los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, los actores privados y la comunidad internacional en su conjunto. La promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres no solo son derechos fundamentales, sino que también son esenciales para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible en todos los aspectos de la vida y en todas las sociedades.
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