Por José Luis Izaguirre – Equipo de voluntariado del Observatorio de Violencia
El pasado 28 de septiembre de 2019 se cumplieron dos años desde la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La firma de Pactos de Estado no suele ser muy habitual, dado que supone llegar a un amplio consenso entre las fuerzas políticas representantes de la ciudadanía española a nivel estatal, autonómico, provincial y local. En este caso, tras años de reivindicaciones de la sociedad civil y una deficiente defensa de las víctimas, se logró poner de acuerdo a los partidos políticos y, por extensión, a los poderes públicos, y conseguir su compromiso explícito para luchar contra la violencia de género en todas sus manifestaciones con mecanismos y dotaciones presupuestarias concretas.
El gran antecedente del Pacto de Estado, es decir, lo que impulsó realmente que se llegara a este acuerdo tan importante, fue la gran marcha sin precedentes que organizó el movimiento feminista español el 7 de noviembre de 2015. Allí, se puso de manifiesto que la lucha contra las violencias machistas es una cuestión de Estado. Fue el impulso de la calle lo que hizo reaccionar al Parlamento para que comenzara a trabajar en el acuerdo.
Sin embargo, ¿qué balance podemos sacar de estos dos años? ¿Se están cumpliendo los objetivos concretados o hay aún deficiencias? Lamentablemente, podemos afirmar que muchas de las medidas de calado que se pactaron siguen sin cumplirse.
PROMESAS INCUMPLIDAS Y SEGUIMIENTO INSUFICIENTE
Una vez se aprobó el Pacto de Estado, se creó una Comisión de Seguimiento del Congreso de los Diputados, como ente encargado de evaluar la correcta y completa implantación de las medidas acordadas, así como de desarrollar nuevos mecanismos orientados al cumplimiento de las mismas. Sin embargo, no ha habido prácticamente reuniones y no ha nacido ningún informe de evaluación o control de dicha Comisión. Evidentemente, parte de la actual situación, con casi el 75 % de las medidas sin cumplir, se debe a esta razón. Al ser una apuesta transversal que implica a todos los poderes del Estado, es imprescindible que los mecanismos de control sean lo suficientemente constantes y estén lo suficientemente consolidados como para asegurar un seguimiento eficaz de los compromisos y los recursos.
Algunas de las medidas que sí se han puesto en marcha son el reconocimiento oficial de las víctimas más allá de la denuncia, y la inclusión de las y los menores en el protocolo de valoración policial del riesgo. Sin embargo, quedan aún muchas áreas que implantar.
1. La ampliación del concepto de violencia de género. Según el Convenio de Estambul, ratificado por España, se ha de reconocer dentro del término todo tipo de violencia contra la mujer que se produce por el hecho de serlo. Sin embargo, en España únicamente se considera víctimas a las mujeres que son asesinadas por su pareja o expareja.
2. La protección de las y los menores como víctimas de la violencia machista. Una medida no solo reivindicada por las organizaciones feministas, sino también por poderes públicos como el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial, para la que debería implantarse la revisión del régimen de visitas cuando el o la menor «hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia«.
3. En cuestión de sensibilización y prevención -que resulta uno de los ejes de actuación clave, ya que se busca un impacto a largo plazo y con voluntad de educación en la igualdad de género- más del 70 % de las medidas aún no se han puesto en marcha o están aún en desarrollo. Algunas de las que continúan sin impulsarse son fundamentales para la prevención real, como «implicar a las Entidades Locales en la elaboración de materiales, campañas y protocolos de actuación, que incidan en la necesidad de establecer puntos seguros y de información sobre violencia sexual en espacios públicos. Asimismo, fomentar el establecimiento de vigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los llamados ‘puntos negros’: aparcamientos, callejones o pasadizos«. Contar con mecanismos que hagan más seguros aquellos lugares donde es más sencillo ejercer la violencia sexual contra las mujeres y, además, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, resulta de vital importancia.
4. Sabemos también que el uso de las nuevas tecnologías supone nuevas amenazas y riesgos para la intimidad de las mujeres, y que se ejercen violencias machistas relacionadas con ello, y la implicación de las familias en la detección de situaciones de violencia de género es necesaria. Por ello, también la medida destinada a «elaborar materiales informativos para madres y padres que les ayuden a detectar la violencia de género de la que pueden ser víctimas o agresores sus hijas o hijos adolescentes«, incluida en el Pacto de Estado, debería implantarse con apremio para dotar de mecanismos de detección también a las personas adultas.
5. El grado de cumplimiento de las medidas en el eje de perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, orientado a proteger lo máximo posible a todas las víctimas de violencia de género en el día a día, es aún menor con un 19 %. Entre las medidas que abarca este eje, encontramos por ejemplo, «reforzar la asistencia jurídica a las mujeres víctimas antes y durante todo el proceso judicial e incluso después» o «facilitar el derecho de las víctimas al Olvido Digital«.
Estos son solo algunos de los ejemplos que ilustran que queda aún mucho trabajo por hacer, y por eso es importante que la Comisión de Seguimiento del Congreso de los Diputados sea efectiva, porque si no hay un mecanismo que controle el cumplimiento de las medidas, el Pacto de Estado se quedaría en una declaración de intenciones sin una efectividad real.
EL FUTURO SERÁ VIOLETA
Como también se recordó en la Jornada Beijing+25, hoy en día se están cuestionando los principios que rigen el Pacto de Estado, como la propia existencia de la violencia de género, y se introducen neologismos como ‘ideología de género’ o ‘violencia intrafamiliar’ para poner en entredicho el apoyo institucional y social destinados a erradicar la violencia de género.
A pesar de todo, la sociedad civil y el movimiento feminista siempre se encargan de reivindicar, luchar y recordar a todas las víctimas. Por eso, iniciativas como la Noche Violeta o las campañas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, resultan tan necesarias para exigir la aplicación y el cumplimiento inmediato del Pacto.
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