Por Laura de Dueñas Álvarez – Equipo de voluntariado del Observatorio de Violencia
Una vez más los datos ponen de manifiesto el irrisorio número de denuncias falsas por violencia de género, desmontando así uno de los principales bulos de la derecha en España. En 2019, tal como refleja la Memoria 2020 de la Fiscalía General del Estado, de las 168.057 denuncias que se presentaron, sólo 7 lo fueron por denuncia falsa. Además, estas 7 causas por denuncia falsa están todavía en tramitación, por lo que podemos afirmar con rotundidad que el año pasado se cerró con cero condenas por denuncia falsa.
De las 1.557.190 denuncias que se han registrado desde 2009, se han incoado 121 procedimiento por denuncia falsa, de los cuales únicamente el 0,0069% han terminado con una sentencia condenatoria. Además, aunque 168 denuncias siguen en tramitación, el porcentaje no superaría el 0,01% en la poco probable hipótesis de que en todas ellas se dictase una condena.
En este sentido, todos estos datos son fundamentales para derribar uno de los mitos más evidentes que existen en torno a la violencia de género. Llevamos años escuchando por boca de ciertas responsabilidades políticas cómo “no se puede criminalizar a todos los hombres” y cómo las denuncias falsas están “creando una discordia social innecesaria y unas injusticias dolorosas”, haciendo alusión también a cómo una mujer “si quiere” puede conseguir que un hombre pase la noche en el calabozo. Todo ello en un intento de poner en duda la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, si bien los datos demuestran que las denuncias falsas son algo residual en los juzgados.
Debemos tener en cuenta la enorme complejidad en el contexto de la violencia de género, vinculado a la dependencia afectiva, emocional y/o económica de la víctima. Por estos motivos, recientemente el Tribunal Supremo ha modificado la jurisprudencia para que las víctimas de violencia de género no recuperen la dispensa de declarar después de denunciar, lo que venía reclamándose tanto por organizaciones feministas, como por el propio aparato judicial.
Este aspecto era especialmente problemático en el ámbito de la violencia de género. La Fiscalía señala que la dispensa supone un «grave espacio de impunidad«, y se ha demostrado como «uno de los motivos más habituales de sobreseimiento y absolución«. Precisamente, este es otro de los falsos argumentos utilizados por la ultraderecha, al establecer una equivalencia tramposa entre sobreseimiento o absolución y denuncia falsa sin tener en cuenta los datos ni la complejidad del contexto. Esto es clave, porque muchas veces la víctima, por miedo, no llega a declarar en el juicio o, incluso, retira la denuncia; lo cual no quiere decir que no exista el maltrato ni que la denuncia sea falsa.
La Fiscalía recalca la necesidad de acometer una reforma legal en consonancia con el cambio jurisprudencial del Tribunal Supremo. «La dispensa no solo es un elemento perturbador del carácter público de los delitos relativos a la violencia de género, impidiendo que el proceso penal alcance sus efectos tanto punitivos como tuitivos, sino que constituye un elemento de presión sobre víctimas que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad«.
Todo ello, debería hacernos reflexionar sobre por qué la violencia de género es el único delito en el que se cuestiona de una manera tan brutal la denuncia de la víctima y la palabra de las mujeres, siendo, además, el delito por el que menos denuncias falsas se registran.
Para más información consulta los siguientes enlaces: