El regreso de los talibanes al poder en Afganistán, ha causado un gran revuelo a nivel internacional, y un gran temor entre las mujeres afganas, quienes temen un grave retroceso en sus derechos y libertades fundamentales.
Anteriormente, los talibanes, que ejercieron el poder entre 1996 y 2001, impusieron una versión radical de la sharía o ley islámica, en la que se llevaron a cabo un gran número de restricciones y maltratos contra las mujeres: la prohibición de salir de casa sin ir acompañadas por un hombre de parentesco cercano (mahran); la prohibición de trabajar fuera del hogar, a excepción de algunas doctoras y enfermeras que tenían permitido trabajar en algunos hospitales de Kabul para asistir a mujeres y niñas; la prohibición del uso de cosméticos, de tacones o de llevar atuendos de colores vistosos; o incluso la prohibición de asomarse a los balcones o ventanas de sus domicilios para no ser vistas por los hombres.
Asimismo, se les negaba el acceso a la educación, y el deporte femenino estaba vetado. De este modo, las mujeres quedaban excluidas de la esfera pública, quedando confinadas en el hogar bajo el dominio patriarcal la mayor parte del tiempo.
Por otro lado, las lapidaciones y otro tipo de torturas corporales eran frecuentes, especialmente en casos de adulterio.
A partir de 2001 se llevaron a cabo avances significativos, debido a la mejora de oportunidades de educación y empleo para las mujeres, y a las reformas legales que fueron posibles gracias a la capacitación de un grupo de abogadas, fiscales y juezas, y mediante la adopción de nuevas leyes, entre las que destaca la ley EVAW.
Esta ley, promulgada en 2009 y ratificada en 2018, tipifica como delitos penales 22 actos de abuso contra mujeres entre los que se incluyen la violación, el matrimonio forzado, o prohibir el acceso al trabajo o la educación en mujeres y niñas.
A pesar de que dicha ley ha contribuido en gran medida a incrementar el número de denuncias y las investigaciones de delitos violentos contra mujeres y niñas en el país, a menudo, los policías, jueces y fiscales, tratan de disuadir a las mujeres a la hora de presentar denuncias, presionándolas para que intenten mediar con sus familias. La dependencia económica, el estigma que conlleva denunciar abusos sexuales, el temor a represalias por parte del agresor y la posibilidad de perder a sus hijos e hijas, son otros factores que dificultan el registro de casos de violencia.
Sin lugar a dudas, la vuelta del régimen talibán, quienes aseguran que respetarán los derechos de las mujeres “en el marco de la ley islámica”, supone un gran retroceso para la ya precaria y frágil situación de las niñas y mujeres afganas. Por ello, la comunidad internacional debe actuar de manera urgente con el fin de protegerlas de la violencia, y para garantizar su derecho a la salud, al trabajo, a la educación y a la libertad de movimiento.
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