El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha propuesto nuevamente -ya lo hizo en 2016- una medida relacionada con los juzgados especializados en violencia de género, pretendiendo reducir el número de los mismos y hacer una reordenación basada en centralizar sus funciones en las capitales de comarca. El TSJC argumenta que es una forma de ‘optimizar los recursos judiciales y atender con mayor profundidad a las mujeres’. De esta forma, por ejemplo, se trasladarían a Sant Feliu de Llobregat o Gavà los casos de violencia de género de los 29 municipios de la comarca de Baix Llobregat, afectando a una decena de ciudades. Concretamente, se suprimirían hasta nueve de estos juzgados.
Dos argumentos adicionales que aporta son, según afirman, que ‘algunos de los actuales juzgados especializados en violencia machista se encuentran por debajo de la carga de trabajo fijada por el Consell General del Poder Judicial (CGPJ)‘ y que ‘el sistema no puede tener equipos técnicos de asistencia a víctimas de alto nivel de cualificación y especialización en absolutamente todas las sedes judiciales.‘
En el otro lado se encuentran los ayuntamientos, que rechazan esta medida y consideran que alejar a las víctimas de esta violencia de los juzgados empeoraría la ya difícil situación que sufren. Dos de los municipios que ya se han posicionado firmemente en contra son El Prat de Llobregat y Esplugues de Llobregat. El primero de ellos ha aprobado por unanimidad una moción en rechazo a esta modificación, mientras que el segundo ha realizado una declaración institucional similar, donde se afirma:
Ante una situación como la actual, los juzgados de violencia de género no pueden desaparecer de la proximidad de las mujeres que más lo necesitan y menos en un territorio que tiene el triste récord de ratios bajas en ordenes de alejamiento […] El nuevo modelo no tiene en cuenta las consecuencias negativas para aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad y que en muchos casos deciden retirar la denuncia por el miedo y el terror al cual se ven sometidas diariamente por sus agresores.
Desde esta postura se defiende que una de las problemáticas actuales en relación a la violencia de género es la falta de denuncias, que se podría agravar si a las mujeres víctimas de esta violencia se les añade la dificultad y peligro de los desplazamientos.
En este mismo sentido se encuentra Dones Juristes que pone de relieve la contradicción de esta medida con la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Para más información consulta los siguientes enlaces: