Violencia institucional contra las madres y la infancia. Aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP)

El pasado viernes tuvo lugar la presentación del estudio ‘Violencia institucional contra las madres y la infancia. Aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP)’ realizado durante los meses de mayo a noviembre de 2022 por la Universidad Complutense de Madrid y con la financiación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (Ministerio de Igualdad).

Da comienzo a la presentación Victoria Rosell, destacando las dificultades que muchas madres se encuentran a la hora de emprender acciones judiciales: “madres que se encuentran en un laberinto procesal muy complejo, su voz, lejos de empoderarse, se va apagando”. 

A continuación, Marta Pérez, investigadora de la UCM, realiza una breve introducción del origen del término «violencia institucional». Su reconocimiento viene del marco internacional de Derechos Humanos, y se ha ido incorporando a la legislación, apareciendo por primera vez en la Declaración de la Eliminación de Violencia contra la mujer. En este momento, cobran relevancia el principio de «diligencia de vida», y «el interés superior de niños/as y adolescentes»: 1. Derecho a expresar su opinión. 2. Opinión que debe ser tenida en cuenta. 3. Los Estados tienen la obligación de protegerles. 4. No se debe imponer ningún límite de edad para escucharles.

Por último, Débora Ávila, investigadora de la UCM, recoge los principales ejes de la investigación, destacando los siguientes:

  • Detección de sesgos de género. Estereotipos de género sobre las madres, refiriéndose a ellas como «mujeres celosas que magnifican los comportamientos de los niños/as y les manipulan». También se mantienen los estereotipos sobre los vínculos familiares.
  • Falta de credibilidad otorgada a los menores. Existen casos en los que se revela expresamente la violencia sexual por parte de los menores o detectada por servicios médicos; sin embargo, se invoca el falso SAP. De las sentencias analizadas en el estudio, el 34,6% se cuestiona el testimonio y sólo se cree su relato en 1 caso. Los cuestionamientos se sustentan en base a: la influencia materna, la temprana edad, y los estereotipos sobre violencia sexual por ausencia de vestigios físicos.
  • Interpretaciones del interés superior vulneradas. 1. Vulneración al derecho de ser oídas y tenidas en cuenta en las decisiones que se tomen sobre su persona. 2. Vulneración del derecho a obtener protección integral y efectiva.
  • Centros educativos. Su actuación se limita en exponer los hechos a la madre, o los niegan y no colaboran con la justicia. A su vez, existe una falta de coordinación del centro educativo, con servicios sociales, y servicios médicos.
  • Duración excesiva de procesos judiciales. Se manifiesta violencia económica por el coste de procesos penales; la mala praxis por parte de los/as profesionales; la aplicación del falso SAP y la ausencia de perspectiva de género. Existe una tendencia a que las prácticas de protección sean reinterpretadas como delitos para dañar al padre, como criminalización y “falsas denuncias”.
  • Vulneración del derecho a la salud integral. Patologías: ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno de la conducta, depresión, insomnio… en definitiva, el sufrimiento psíquico de las madres.

Para finalizar, se exponen una serie de propuestas para dar respuesta a esta problemática, como, por ejemplo: elaborar una guía interpretativa del interés jurídico de niños y niñas; promover mecanismos que garanticen la incorporación de los DDHH; crear un Observatorio contra el maltrato institucional; garantizar que los procedimientos por violencia sexual sean juzgados en tribunales especializados; revisar los casos donde se ha aplicado el falso SAP; entre otras.

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