Teodora sale de prisión

Teodora fue condenada a 30 años de prisión por el homicidio agravado de su hija en El Salvador, que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier situación. El pasado 15 de febrero, tras años de movilización de ONGs y activistas de todo el mundo y tras las sucesivas críticas de la ONU, el Gobierno de El Salvador le ha conmutado la pena. Ha cumplido más de una década entre rejas. Una situación en la que —conocidas como “las 17″— aún permanecen más de una treintena de mujeres en el país centroamericano, con una de las legislaciones más restrictivas del mundo.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública conmutaron la pena de 30 años de cárcel porque “existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación”. En su resolución, la Corte, después de examinar la sentencia de mérito, el dictamen criminológico y las razones que exponen los solicitantes para acceder a la conmutación de la pena, considera que la prueba científica no permite determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte de la criatura que estaba gestando.

La Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto acompaña a Teodora desde el año 2014 y defendió en reiteradas ocasiones su inocencia. En 2014, la Agrupación pidió a la Corte que indultara a Teodora; sin embargo, en esa ocasión, la CSJ emitió un dictamen desfavorable. El 18 de noviembre de 2015, la Agrupación solicitó la conmutación de la pena. El dictamen favorable de la Corte fue firmado por los magistrados y magistradas el 31 de enero de 2017.

Teodora es una de las caras visibles de la injusticia en la sociedad salvadoreña en contra de las mujeres, su caso ha visibilizado la situación de las mujeres —sobre todo de las más pobres y vulnerables— en El Salvador.

Actualmente unas 27 mujeres cumplen penas de entre seis y 35 años por el delito de homicidio agravado vinculado al aborto en el Salvador. En países como Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta prohíben el aborto en todos los casos. Un veto total que, según distintos estudios, no solo no reduce el número de interrupciones del embarazo sino que las mueve a la clandestinidad y las hace más inseguras; un enorme riesgo de salud pública que provoca cada año miles de muertes.

 

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