Este artículo forma parte de la campaña de activismo que se lleva a cabo con motivo del día 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y los 16 días de activismo de ONU Mujeres, “Banco de Buenas Prácticas para la prevención de la Violencia de Género y Educar en Igualdad, hacia un voluntariado 2.0 por el Buen Trato”, gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del IRPF “OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL” y el proyecto DANA+, financiado por el Fondo Social Europeo – Programa Operativo de Inclusión Social y Economía que se desarrolla entre 2019 y 2023.
Las mujeres con discapacidad, a menudo, son objeto de discriminación y violencia por motivos de género y/o discapacidad, pero también por muchos otros motivos, como explotación y abuso, en comparación con otras mujeres, por lo que su exposición y vulnerabilidad es doble. Todo esto con el agravante, que la violencia puede ser interpersonal, pero también institucional y/o estructural.
Dicho esto, como sociedad civil nos compete conocer el problema y hacer parte en las acciones y respuestas; en estos 16 días de activismo queremos poner el foco en la situación específica que sufren las mujeres y niñas con discapacidad por las distintas formas de violencia que soportan, ahora agravada por la crisis de esta pandemia; y visibilizar la situación, a su vez que dar a conocer diferentes respuestas institucionales y acciones de quienes promueven la reivindicación de sus derechos.
Desde la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, que permite una respuesta al reconocimiento pleno de la discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad y, donde el Art. 6º marcó un antes y un después en esta materia, en concordancia con lo ya establecido en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer, de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en su Art. 1º conceptualiza la «violencia contra la mujer», es cierto que se ha avanzado, desde el punto de vista de las legislaciones internas y tratados internacionales, como en acciones positivas pero, aún queda mucho por andar y la situación de “discriminación” persiste de manera grave y alarmante.
Prevención y detección de la violencia
La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, de ONU Mujeres, ha venido incluyendo en las agendas acciones positivas, dentro de los compromisos adoptados y sus objetivos estratégicos para prevenir la violencia, donde destaca una fundamental: «Garantizar el acceso de las mujeres con discapacidad a la información y los servicios disponibles en el ámbito de la violencia contra la mujer». Así, se han venido incluyendo en el seno de algunas legislaciones, como es el caso de España en la Ley de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, LO 1/2004, que hace hincapié en que se les garantice el derecho a la información.
No obstante, como se ha venido denunciando por la Fundación CERMI Mujeres, y Asociaciones como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica -COCEMFE, y la Confederación de Mujeres con discapacidad– CEMUDIS, la situación exige la intervención de los poderes públicos y de planes de acción nacionales específicos para la protección de las mujeres y niñas con discapacidad contra toda forma de violencia, así como también, se deberán adaptar los planes existentes a la nueva realidad que se plantea por la crisis generada por la Covid-19.
Las constantes reivindicaciones en plataformas sobre mujeres y niñas con discapacidad relacionadas con la implementación del Convenio de Estambul, donde CERMI Mujeres por ejemplo, presentó el Informe Sombra al Comité de Expertos GREVIO, mostrando gran preocupación por la situación que viven las mujeres con discapacidad institucionalizadas, nos deja en evidencia que sobre este tema aún falta mucho por recorrer; las Leyes específicas y los planes de acción que se deben adoptar en la prevención, sanción y erradicación para las múltiples formas de violencia y adecuados a las especificaciones requeridas por las mujeres y niñas con discapacidad, aún se están haciendo esperar.
Violencia en la pareja
Aunque en cuestiones de recogida de información, solo es a partir de 2013 que se vienen a recopilar datos y se incorpora información sobre el número de víctimas mortales por VG (en pareja o ex-pareja), con algún tipo de discapacidad; en la última Macroencuesta del Ministerio de Igualdad 2019, se registra de manera segregada datos alarmantes sobre la violencia de las mujeres con discapacidad acreditada frente a las mujeres sin discapacidad.
Los datos nos informan de la prevalencia de la violencia en la pareja a lo largo de la vida entre las mujeres con discapacidad acreditada, siendo mayor que en las mujeres sin esa discapacidad en todos los casos; así el 20,7% de las mujeres con discapacidad acreditada ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja (actual o pasada), frente al 13,8% de las que no la tienen.
El 40,4% de las mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia en la pareja, frente al 31,9%. Por otro lado, el 77,0% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo (VFSEM) de alguna pareja actual o pasada, afirmaron que los episodios de violencia les han producido alguna secuela psicológica.
Violencia fuera de la pareja
Según la Macroencuesta, el 40,2% de las mujeres con discapacidad entrevistadas mencionan haber sufrido violencia física fuera de la pareja de familiares hombres más que las mujeres sin discapacidad donde asciende a un 32,5%; de familiares mujeres el 33,2% vs 21,5%, y amigos o conocidos hombres el 34,3% vs 27,3%.
En cuanto a la prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja, las mujeres con discapacidad han sufrido violencia sexual en mayor proporción, un 10,3% frente al 6,2% de las mujeres sin discapacidad. El 4,7% de las mujeres con discapacidad han sido violadas por personas distinta de la pareja o expareja, frente al 2,1% de las que no la tienen.
A la vista de estos datos estadísticos también hay que tener presente, que existen otras formas de violencia contempladas en el Convenio de Estambul, y que además de las agresiones sexuales, también están la trata con fines de explotación sexual y la mutilación genital femenina, y de manera muy especial la práctica de esterilizaciones y abortos forzosos.
Respuestas para las mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género
Encontramos algunas respuestas por instituciones que se han venido interesando, en época de normalidad, para adecuar los protocolos de atención a la condición especial de las mujeres con discapacidad. Así tenemos, los Planes de atención personalizada para víctimas de violencia de género, con pautas de atención a mujeres con discapacidad, realizados por dos Comunidades Autónomas, de la región de Murcia a través de la Dirección General de Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad y, el realizado por el Comité de Representantes de personas con discapacidad de la Comunidad de Euskadi “EDEKA” y editado por el Instituto Vasco de la Mujer.
Estos dos proyectos adaptan los procesos de atención personalizada, con la intención de orientar la intervención de los y las profesionales y mejorar la atención que las mujeres y niñas con discapacidad reciben definiendo pautas diferentes para garantizar la atención a las mujeres con alguna discapacidad y víctimas de violencia, deteniéndose en cada discapacidad, permitiendo con ello recursos concretos para cada una, dependiendo si es una discapacidad auditiva, visual, psíquica, así como cuando conlleve una enfermedad mental.
Suma a lo anterior, lo que recientemente se ha conocido en la Comunidad Valenciana, donde se ha aprobado una proposición no de Ley (PNL), para la regulación de la figura de la persona facilitadora en mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, aplaudida por CERMI CV, donde el reconocimiento a la capacidad jurídica, así como el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y la garantía de la accesibilidad universal es la prioridad de esa proposición.
Así mismo, en el entorno del Covid.19, CERMI Mujeres ha publicado una guía de orientaciones prácticas de denuncia de la Violencia de Género sobre Mujeres y Niñas con discapacidad, en situaciones de confinamiento prolongado.
¿Cómo agrava la Covid-19 el riesgo de violencia en las mujeres con discapacidad?
Si bien la pandemia de Covid-19 amenaza a todos y todas en la sociedad, no cabe duda que las personas con discapacidad se ven impactadas de manera desproporcionada debido a las barreras institucionales y del entorno, que se reproducen en la respuesta a la pandemia, enfrentándose a desigualdades aún mayores en el acceso a la atención de la salud.
CERMI, consciente del impacto más intenso de la pandemia de Covid- 19 en las personas con discapacidad, desde el comienzo de la crisis ha compilado las principales barreras para la especial inclusión en planes de preparación y respuesta, y da recomendaciones que puedan solucionar la accesibilidad a la información preventiva y de higiene., que pueden servir de orientación para los planes y protocolos de manejo de la pandemia.
Conclusiones:
- A pesar de los avances obtenidos en los últimos años, y del esfuerzo de algunas Comunidades Autónomas en España, este tipo de discriminación sigue representando un problema grave y alarmante. Siguen siendo pocos los Programas y Planes de atención que han tenido en cuenta las peculiaridades que representan las mujeres con discapacidad, como sector diverso y complejo.
- Se esperan más iniciativas para adaptar los protocolos de actuación, que garanticen el acceso universal a todos los recursos dispuestos para las respuestas por parte del Estado. Es imprescindible que se les incluya en todos los planes de prevención, sanción y erradicación de la violencia y, que toda la información sobre el acceso a recursos para denunciar y de apoyo psicosocial o protección jurídica, sean accesibles y comprensibles, además que es un derecho que está reconocido y ordenado en Leyes y Tratados.
- A fin de promover y potenciar a las mujeres con discapacidad, las medidas deben ir más allá del objetivo del desarrollo y estar también encaminadas a mejorar la situación de las mujeres con discapacidad durante toda su vida. La Sociedad civil propone incluir políticas públicas para vincular a las mujeres con discapacidad, quienes deben participar en la sociedad y aportar su contribución.
- Frente a la magnitud de la problemática, también falta más concienciación en la necesidad de intervención del Estado y de todos los poderes públicos, que incluya el compromiso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones especializadas en la materia.
- Por último, se echa en falta una macroencuesta específica que permita información sobre la situación real de mujeres y niñas con discapacidad, que segregue el tipo y grado de discapacidad y también los diferentes tipos de violencia para que se incluyan las que se presentan no sólo en el ámbito de violencia de género.
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