Recientemente se ha conocido el asesinato de un niño de 2 años de edad en Barcelona que se atribuye presuntamente a su padre, aunque todavía se está investigando. Tanto la huida por parte del padre del hotel donde se encontró al menor, como las amenazas dirigidas hacia la madre “Te vas a arrepentir”, apuntan a que pueda tratarse de un caso más de violencia vicaria.
Hasta la fecha, en lo que llevamos de 2021, se han confirmado 3 asesinatos de menores en casos de violencia de género, -40 desde que comenzaron los registros oficiales en 2013- quedando en investigación dos casos más: el caso anterior y el de Anna, la menor de las hermanas de Tenerife. De confirmarse ambos casos, ascenderían a 5 los y las menores asesinadas por violencia de género en 2021, y a 42 desde que se comenzaran a registrar.
La violencia vicaria hace referencia a aquella que se dirige a la mujer, y que se ejerce a través de la violencia sobre terceras personas, causando un daño irreparable en esta. Es el caso de los asesinatos de los hijos e hijas, que pretende elevar a su máximo exponente el daño producido en la mujer, sabiendo que el sufrimiento será mayor ‘matándola en vida’ que asesinándola a ella.
No debemos perder de vista que, los y las menores expuestas a situaciones de violencia de género, son también víctimas de esta violencia. Vivir en estos contextos de violencia ya supone una exposición y un riesgo para ellos y ellas, que conllevan importantes repercusiones psicosociales en su desarrollo. Por tanto, pueden experimentar la violencia tanto si son testigos de la misma, como si la sufren directamente, cuya manifestación más cruel se refleja en el asesinato.
Esta realidad requiere que se pongan en marcha medidas y programas orientados a la prevención, intervención y protección que se dirijan a este colectivo. Así, al tener conocimiento de un caso de violencia de género, las medidas de protección deben incluir también a los y las menores desde un primer momento. Todo ello pasa por concienciar a los actores jurídicos, a las propias familias, y a la sociedad en su conjunto, de que un maltratador en ningún caso puede ser un buen padre.
Desde Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto (dirigido a huérfanos y huérfanas de víctimas mortales de violencia de género), reclamamos que prevalezca el interés superior del menor mediante, entre otros aspectos, la retirada de la patria potestad a los padres que ejercen violencia de género, tal y como dicta el artículo 3 del convenio de Estambul ratificado por España, y la medida 139 del Pacto de Estado contra la violencia de género. No debemos olvidar que, según el Consejo General del Poder Judicial, solo el 0,8% de los niños y niñas tienen protección y se retira la patria potestad a sus padres.
Finalmente, queremos manifestar nuestra absoluta condena de este asesinato, así como nuestro apoyo y condolencias a la familia.
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