El pasado viernes 30 de octubre se presentó en el Centro Penitenciario de Burgos un estudio sobre reincidencia elaborado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Se trata de un informe «pionero» que pretende conocer la tasa de reincidencia penitenciaria, es decir, el índice de reingreso en prisión para el cumplimiento de una pena privativa de libertad a lo largo de los diez años siguientes a su excarcelación. Para elaborarlo, se ha escrutado a las 19.909 personas -18.435 hombres y 1.474 mujeres- que fueron excarceladas en 2009. Desde ese año y hasta 2019, se ha estudiado cuántas personas volvieron a ingresar en una cárcel para cumplir condena por un delito cometido tras su puesta en libertad.
El pasado miércoles 28 de septiembre, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó la propuesta de Ángeles Carmona, vocal y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, relativa a la coordinación entre los Juzgados con competencias en violencia sobre la mujer y los Juzgados de Primera Instancia que tramitan procedimientos de familia.
Los próximos 4, 14 y 17 de octubre tendrán lugar las Jornadas virtuales COMPI 2022 que este año llevan por nombre “Violencia contra las mujeres: de la Ley a la Realidad”. El objetivo de estas jornadas es “obtener una radiografía sobre las realidades y sobre los cambios necesarios para mejorar la incidencia sociopolítica” en materia de violencia contra las mujeres.
Este año 2022 se han producido una serie de avances legislativos en todo el mundo para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Estos avances suponen un gran progreso hacia la consecución de los derechos de las mujeres y una lucha contra la violencia que se ejerce hacia estas en relación al aborto, como hemos explicado en anteriores artículos de esta campaña #28S #SinGarantíasHayViolenciaFM.
La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo no evita que las mujeres sean víctimas de algunas manifestaciones de violencia. Es decir, aunque la despenalización del aborto es un gran avance en materia de violencia contra las mujeres en aquellas sociedades que así lo regulan, pueden seguir produciéndose distintas formas de violencia hacia las mujeres.
Tras la muerte de la joven de 22 años, Mahsa Amini, a manos de la llamada «Policía de la Moral» en Irán por no llevar bien colocado el velo, se han desatado en el país una oleada de protestas lideradas por mujeres para acabar con las leyes islámicas y el régimen iraní.
Según las nuevas Directrices sobre la atención para el aborto que ha publicado recientemente la Organización Mundial de la Salud, en unos 20 países no se contempla en la legislación ningún motivo por el cual se permita a las mujeres interrumpir voluntariamente el embarazo. Además, más de 3 de cada 4 países tienen sanciones legales relacionadas con el aborto, que pueden incluir largas penas de prisión o fuertes multas para las mujeres que se someten al procedimiento o prestan asistencia en él.
El próximo 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. El origen de la conmemoración de este día se encuentra en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en el año 1990, en el que se reunieron feministas argentinas y redactaron la Declaración de San Bernardo. La primera de las propuestas de esta Declaración fue «Declarar el día 28 de septiembre: Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe».
Hoy, 23 de septiembre, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, para dar visibilidad esta forma de esclavitud moderna que supone una grave vulneración de los derechos humanos. Según el Informe Global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2020, la explotación sexual representa el 50% del total de las finalidades de la trata de seres humanos en todo el mundo. Además, del total de víctimas de trata con fines de explotación sexual mujeres y niñas representan el 67% y el 25% respectivamente.
El pasado 20 de septiembre de 2022 se presentó el Plan Camino(2022-2026), un Plan Operativo para la Protección de los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, la primera política pública a nivel estatal, de corte abolicionista, dirigida a dar alternativas económicas, laborales y sociales a estas mujeres.
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