Como sucede con las enfermedades crónicas, la violencia en niñas y jóvenes permanece y actúa de manera silenciosa e imparable, en ocasiones aparece con no mucha repercusión, pero resistiéndose a tratamientos o remedios que se adopten para paliarlas.
En una anterior publicación, realizada en este mismo Observatorio, nos referíamos a cómo la inteligencia artificial era utilizada adversamente por el machismo para degradar a la mujer, con las famosas Deepfakes, que es el término anglosajón para las imágenes falsas, estáticas o de vídeo generadas por inteligencia artificial, con plataformas de diversión que no eran castigadas por el Estado de Derecho, convirtiéndose en un nuevo negocio en las redes sociales. Pues bien, ahora parece ha dado un revés y podemos mencionar satisfactoriamente que se está probando muy «a contrario sensu» esa inteligencia artificial como herramienta en acciones de prevención contra la violencia machista.
Una investigación universitaria, ‘Female Homicide Victimization in Spain from 1910 to 2014: the Price of Equality?’, recopila los datos de homicidios de mujeres y hombres en España durante más de un siglo, entre 1910 y 2014.
En 2012 la Asamblea General de la ONU designó el 6 de febrero como el Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina, una jornada de concienciación para ampliar y dirigir los esfuerzos para su eliminación.
OjoPúblico, espacio peruano de periodismo investigativo con formatos y narrativas digitales innovadoras, deja al descubierto un tema muy sensible: «la criminalización del aborto». En países como Colombia, México, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador el aborto es legal si la salud de la madre está en peligro, si el embarazo es resultado de una violación o si el feto presenta severas malformaciones que hagan inviable su vida. En Perú no se tipifica igual, allí las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación son obligadas a continuar con sus embarazos. Estas desigualdades e injusticias, a pesar de la despenalización del aborto, generan un clima de sufrimiento para las mujeres. Los reportajes revelan que solo entre el 2015 y el 2018, en estos países, más de 4.600 mujeres fueron procesadas por abortar.
El 31 de octubre nos sorprendía de nuevo la noticia de una nueva sentencia, que volvió a abrir la polémica sobre los artículos del Código Penal que regulan los delitos contra la libertad sexual. Muchos diarios, tanto nacionales como regionales, escritos como audiovisuales, se hacían eco de lo resuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona. Se repetía el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Navarra, de abril de 2018, sobre la manada de Pamplona y se reactivaba la polémica.
Un proyecto del Gobierno Vasco que apuesta por frenar el temor y la desconfianza de las víctimas de violencia de género o de delitos sexuales en los Juzgados.
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