La jueza que instruye el caso de María José Carrasco, quien murió a través de un suicidio asistido por su marido Ángel Hernández, se ha inhibido en favor de un juzgado de violencia de género. Alega que esta decisión se ha basado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Sin embargo, la responsable de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín-Nájera, declara que no comparte la posición del juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, y que va a recurrir el auto de inhibición. Opina que es un caso alejado de la violencia de género y, en relación a la sentencia del Tribunal Supremo en que se basa el auto, añade que “en aquella sentencia se fijaba que no había que acreditar dolo específico, pero que se puede excluir si hay causas para ello. La violencia de género no es automática”.
Por su parte, la abogada de Ángel, Olatz Alberdi, alega que no se ha tenido en cuenta la intencionalidad del acto cometido por Ángel que, lejos de querer cometer cualquier acto de violencia contra su mujer, ha respondido a sus deseos. Por este motivo defiende que la decisión es «jurídicamente discutible» y va a recurrirla.
La Asociación de Mujeres Juezas de España coincide en que es una decisión correcta jurídicamente, con independencia de lo que la sociedad considere violencia machista. No obstante, el juzgado de violencia de género puede rechazar el caso y dejar que la Audiencia Provincial decida quien ejerce la instrucción.
Inmaculada Montalbán, magistrada y expresidenta del Observatorio de la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), afirma que el hecho de que los juzgados de Violencia contra la Mujer sean competentes para instruir el caso, no implica que este vaya a ser resuelto de forma condenatoria. Considera que los hechos van a ser simplemente investigados y que el caso se archivará si se demuestra que hay elementos que excluyen su responsabilidad.
Por otro lado, desde Mujeres Juristas Themis se considera que la acción de Ángel no debería juzgarse desde un juzgado de violencia de género ya que, lejos de haber maltratado a su mujer, «la ha ayudado a morir bien».
Finalmente, la directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, sostiene que “Solo se está decidiendo una cuestión procesal. Pero espero que la resolución vaya encaminada a que no estamos en presencia de ningún hecho de violencia de género, no encaja en ninguna de las modalidades ni física, ni económica ni psicológica”. Además afirma su preocupación por la estigmatización que Ángel Hernández pueda sufrir y la necesidad de regulación de la eutanasia para evitar problemáticas como la de el caso que nos ocupa.
Por tanto, apelamos a la comprensión del Consejo General del Poder Judicial sobre el caso, y a la necesidad de reducir la tensión entre la sociedad civil y la adecuación de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
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