El ministerio de Igualdad reformará la Ley contra la Violencia de Género de 2004 para blindar el Pacto de Estado

Imagen por Eldiario.es

El Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, plantea hacer permanente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su financiación (cuya vigencia finaliza en septiembre de 2022), para que independientemente de quién gobierne, esté garantizada la lucha contra las violencias machistas.

El Ministerio de Igualdad lleva varios meses trabajando en dicha reforma, tal y como anunció Irene Montero en una comparecencia en el Senado en mayo de este mismo año.

"Introduzcamos novedades, modernicemos el Pacto y adaptémoslo a la actualidad de las violencias que sufren las mujeres y a los cambios en esas violencias en el último año"

El pasado lunes 25 de octubre, se abrió la consulta pública ciudadana para reformar la Ley contra la Violencia de Género, como confirmaba Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Así, para blindar el Pacto, Igualdad trabaja en una reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral frente a la Violencia de Género, que, a modo de ley marco contra todas las formas de violencia contra las mujeres, institucionalice el Pacto de Estado.

Además de dotar de permanencia dicho Pacto, se espera poder llevar a cabo otras modificaciones de la ley que afectan a la lucha contra la violencia de género. Entre ellas se encuentra que la ley supere el marco de la violencia íntima, la que es producida en el ámbito de la pareja o de la expareja, y que abarque todas las formas de violencia contra la mujer.  Además, se busca procurar formación especializada a los y las profesionales que tienen contacto directo y atienden a víctimas y agresores.

«Los funcionarios de la administración de Justicia son, a menudo, los primeros profesionales con los que se encuentra la víctima y su conocimiento y trato pueden ser decisivos para que las víctimas salgan de la violencia»
Victoria Rosell,

El Ministerio de Igualdad espera obtener la unanimidad necesaria con las fuerzas políticas en el Congreso y en le senado para así institucionalizar y hacer permanente la  reforma de la ley mencionada que termina en menos de un año.

Se apela a la importancia de la lucha de la violencia machista, debiendo ser uno de los  grandes consensos del estado.

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