Tanto España como Argentina han avanzado en el desarrollo legislativo para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, ambos países adoptan enfoques con algunas diferencias importantes. 

Varias organizaciones alzan sus voces para denunciar el sometimiento y la represión por parte del gobierno talibán hacia todas las mujeres y niñas. El día de ayer, lunes 30 de septiembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) publicó un comunicado en el que anuncia la formulación de una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno de Afganistán por sus leyes y prácticas contra las mujeres y las niñas en Afganistán. 

Este año, el Tribunal Constitucional en España, avaló que las jóvenes de entre 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin contar con el permiso paterno. A nivel de la Unión Europea, la Eurocámara pidió reconocer al aborto “seguro y legal” en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. También, se reforzaron los movimientos que, desde el feminismo, intentan que las mujeres reivindiquen sus derechos sexuales y reproductivos, como la campaña “Mi voz. Mi decisión” que busca el aborto accesible y gratuito para todas las mujeres que viven en Europa. 

Según el informe Demografía del Aborto en España un porcentaje relevante de abortos voluntarios en España provienen de mujeres nacidas en el extranjero. Este colectivo se enfrenta a realidades múltiples cuando trata de acceder a un aborto, desde la estigmatización social, hasta negativas de acceso por parte del personal sanitario. Estas situaciones aumentan su vulnerabilidad, con una evidente negación del derecho a elegir la interrupción del embarazo de forma voluntaria.

Desde hace unos años, la Inteligencia Artificial (IA) ha ido desarrollándose a pasos agigantados. Hoy en día es utilizada en diversos entornos académicos, laborales y personales. Pero ¿puede ser una herramienta para prevenir la trata de personas y la explotación sexual?