A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, en la Administración General del Estado(AGE) no se cuenta con un protocolo de actuación que garantice la prevención del acoso sexual en los lugares de trabajo, siendo como es una obligación legal conforme a la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Según dicha ley, el acoso sexual consiste en cualquier comportamiento de índole sexual, cuyo objetivo sea atentar contra la dignidad de una persona, especialmente cuando dicha actitud crea un marco ofensivo, degradante e intimidatorio para la víctima.
En cuanto al acoso sexual en el lugar de trabajo, la ley define las medidas para prevenir lo referente al acoso sexual en el trabajo, estableciendo la obligación de negociar las medidas que se adopten con la representación legal de la plantilla, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación. De hecho, la representación de la plantilla es quien debe contribuir, mediante la sensibilización de las trabajadoras y trabajadores frente al acoso, e informar a la dirección de la empresa cualquiera de estos comportamientos de los que tenga conocimiento.
Estas medidas que se impulsan con los planes de igualdad de las empresas, deben incluir el compromiso a desarrollar protocolos para la prevención del acoso sexual o la discriminación por razón de sexo. Es a través del desarrollo de estos que las distintas organizaciones, en el ámbito laboral, dejan expresa constancia de su intención de adoptar cuantas medidas sean necesarias para impulsar un ambiente de trabajo libre de acoso.
Tal obligación también existe para la Administración pública. En la citada Ley se prevén las medidas de igualdad en el empleo para la AGE y para los organismos públicos vinculados a ella, y ha quedado imperativo, el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, para lo que las administraciones públicas negociarían con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores.
A pesar de que la ley imponga que el Gobierno en cada legislatura aprobará un Plan para la Igualdad en la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, en el ámbito público los Planes de Igualdad se han venido aprobando, pero en la praxis el protocolo de actuación para prevenir conductas de acoso sexual en el lugar de trabajo no existe. Se sabe que desde el 2013 se han intentado, en muchas ocasiones, sin llegar a puerto.
El último, es el III Plan para la Igualdad de Género en la AGE, aprobado en diciembre de 2020 con la participación de todos los agentes implicados en los departamentos ministeriales, incluyendo el Instituto de las Mujeres, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y representantes sindicales. El plan prevé el desarrollo de un “Protocolo contra el Acoso sexual y el Acoso por razón de sexo que haga de la AGE un espacio libre de violencia de género en el ámbito laboral”.
Las denuncias de acoso sexual en el trabajo no dan tregua:
A pesar de toda el compendio legislativo para la igualdad real y la no discriminación, las denuncias de lo que está ocurriendo en las empresas, tanto públicas como privadas no cesan y, por el contrario, se siguen manifestando situaciones graves o muy graves de acoso sexual, como chantajes u hostigamiento, o un clima laboral hostil para la persona acosada.
La diferencia está en que, mientras en el sector privado se pueden obtener datos más concretos y hacer seguimiento que permita buscar soluciones, en la AGE ni siquiera existen datos, cifras que describan esa realidad, ni guías de actuación que permitan hacerle frente de forma unificada.
Por ejemplo, conforme a una encuesta realizada por el sindicato CCOO en Extremadura, se informaba que más de un 43% de las trabajadoras del sector privado en esa comunidad «dicen haber sufrido algún tipo de acoso sexual«, mientras que casi un 19% «considera que estas situaciones vejatorias han sido graves o muy graves«.
En 2019, en el marco de una campaña contra el acoso sexual, el Sindicato CSIF denunciaba que: «el 50% de las trabajadoras de las administraciones públicas conviven a diario con situaciones sexistas«. El informe destacaba además que «el 17% ha sufrido contacto físico no deseado«, el 9% había recibido correos electrónicos o mensajes «de naturaleza sexual«, y «un 77% de las personas encuestadas confirman que no hay protocolos de acoso sexual en su centro de trabajo o no lo conocen«.
¿Qué se está haciendo en materia de acoso sexual?
Al parecer, la Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad en el ámbito público, trabaja actualmente en la elaboración de una guía que permita poner freno a estos casos y contribuya a conocer la realidad. Sin embargo, urge que la normativa adopte un protocolo contra el acoso, que unifique un procedimiento y permita recoger datos sobre el número de mujeres víctimas de este, las denuncias presentadas por las víctimas y el resultado de las mismas, como se lleva pidiendo desde hace años.
Según Eva Fernández, Secretaria de Igualdad del Sindicato CSIF, se “tiene sobre la mesa un borrador”, donde se contemplan medidas cautelares a las víctimas durante el tiempo que dure el esclarecimiento del caso, entre otras.
Lo importante es que los abusos, que suponen la vulneración de derechos fundamentales de las personas -como son el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la libertad sexual, a la no discriminación por razón de sexo, a la salud y a la seguridad en el trabajo, sin distinción del lugar en que éste se desarrolle- no queden impunes y se garantice un ambiente de trabajo libre de discriminación.
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