Si eres mujer parece que no dará igual que vivas en Barcelona o en Alicante. Hablamos en términos de seguridad. El siguiente artículo presenta las diferencias existentes entre algunos de los principales juzgados a la hora de aprobar órdenes de protección solicitadas por mujeres víctimas de violencia machista.
En países como Perú, Sudáfrica, Zimbabwe, India o Ecuador muchas mujeres lesbianas sufren las llamadas violaciones correctivas, agresiones individuales o grupales que en algunos casos se ejecutan de manera repetida si la mujer no accede a «curarse» a la primera y acepta públicamente su heterosexualidad. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, son los propios familiares los que ejercen o mandan ejecutar dichas agresiones, lo que dificulta aún más la posibilidad de denuncia de las víctimas. Por ejemplo, según datos de Promsex en Lima, solo el 5% de los casos de violaciones a mujeres en Perú son denunciados, de los cuales se desconoce cuántos son castigos correctivos.
La Fundación Ana Bella creó en septiembre del 2015 una App para mujeres maltratadas con el objetivo de crear grupos de apoyo para ayudarlas al salir del ciclo de la violencia de género. Esta aplicación también ha permitido que se formen grupos de empoderamiento de mujeres supervivientes, de tal manera que ya funcionan tanto a nivel nacional como internacional en países como EEUU, México o Rumanía.
La asociación de Jueces para la Democracia (JPD) ha aprovechado el Día Internacional contra la Violencia de Género para publicar un comunicado en el que muestran su preocupación por la “reducción de los recursos institucionales para la protección de las víctimas de violencia de género, así como de las medidas de protección social para evitar estas agresiones”.
Por Flor de Torres Porras Fiscal Delegada de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Violencia a la mujer y contra la Discriminación sexual. Fiscal Decana de Málaga.
Uno de los objetivos de crear una regulación específica contra la violencia de género era actuar contra la impunidad.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece prestaciones y oportunidades especiales a las víctimas de la violencia de género. En caso de estar en activo, existe la posibilidad de solicitar la suspensión temporal con reserva del puesto de trabajo entre 6 y 18 meses, o su extinción definitiva, dando lugar a una situación de desempleo involuntario, con derecho a las correspondientes prestaciones económicas y sin dejar de cotizar. En caso de estar desempleada se puede acceder al programa de Renta Activa de Inserción de apoyo de trabajo, que conlleva también una prestación económica y ayudas suplementarias. (ver noticia en la fuente original)
El día 17 de octubre de 2014, se han publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de septiembre por el que se formalizan los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 21 de julio para la distribución de los créditos para desarrollar programas de asistencia y atención a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, así como la relación de programas que se implementarán en cada territorio.
María Alejandra Torres (elpais.com)
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