El pasado viernes 20 de mayo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación publicó los datos relativos a la asistencia a las mujeres españolas víctimas de violencia que se encuentran en el extranjero.
Cruz Roja presentó el pasado 2 de mayo los resultados de su proyecto Alzando la voz, realizado en cinco provincias españolas (Alicante, Albacete, Barcelona, Granada y Madrid), en el cual han participado más de 70 niñas, niños y adolescentes hijos e hijas de víctimas de violencia de género expresando «sus principales preocupaciones y esperanzas». La intención del proyecto es que los testimonios de estas niñas, niños y adolescentes puedan mejorar la respuesta institucional se ofrece desde las Administraciones Públicas y Entidades Sociales.
El Instituto Nacional de Estadística publicó el pasado 10 de mayo la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG) del año 2021. Los datos extraídos de esta publicación anual se obtienen de la explotación estadística del Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género (cuya titularidad corresponde al Ministerio de Justicia), por lo que se refieren a víctimas y denunciados con órdenes de protección o medidas cautelares dictadas que han sido inscritas en ese año en el mencionado Registro.
La Federación Mujeres Jóvenes, a través de un comunicado en su página web, ha puesto de manifiesto la necesidad de «ampliar la consideración de víctimas de violencia de género a hijos/as mayores de edad, hasta los 25 años, que durante su infancia sufrieron de manera directa o indirecta la violencia ejercida por parte de su progenitor hacia sus madres».
El pasado 5 de mayo se aprobó en el Parlamento Europeo una Resolución sobre el impacto de la guerra contra Ucrania en las mujeres. Este conflicto está afectando de manera específica a mujeres y niñas, aumentando las desigualdades preexistentes. Según el documento publicado, mujeres y niñas corren un especial riesgo durante este tipo de crisis en relación a las violencias que las afectan particularmente:
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Fundación Abogacía Española han firmado un convenio para asesorar jurídicamente a mujeres españolas víctimas de violencia de género en el extranjero. Las víctimas podrán hacer uso de este servicio con carácter previo a su retorno a España y cuando ya se encuentren en territorio español. Lo que se ha pretendido con este convenio es que puedan resolver las dudas legales que tengan respecto a su situación y, en el caso de que existan, la de sus hijos e hijas menores de edad y las personas sujetas a su tutela o guarda y custodia, y que cuenten con defensa y representación a su llegada a España.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) publicó el pasado 1 de abril de 2022 su posicionamiento acerca de la consideración legal de la violencia de género, «ante las recientes declaraciones públicas y propuestas» sobre la violencia de género, la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica, desde el punto de vista de Salud Pública.
El pasado mes de marzo se publicó el informe “32bits – Experiencias de mujeres en los videojuegos online en Castilla – La Mancha”, una publicación que trata de dar a conocer la realidad que viven las mujeres jugadoras en videojuegos online.
Los próximos días 20 y 21 de mayo de 2022, se celebra en Mérida el I Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional. Se trata de un evento que trata de «aunar conocimientos y debatir propuestas que marquen una hoja de ruta» para que se establezcan «las líneas prioritarias que hagan posible la Justicia y Reparación para las víctimas». Por ello, está dirigido a profesionales del Derecho, equipos psicosociales, Servicios Sociales, Medicina, Educación, así como a quienes trabajen en políticas de igualdad, prevención y abordaje de las violencias machistas y atención a menores.
Este miércoles se ha conocido el rechazo del Gobierno al indulto para María Salmerón, condenada en el año 2020 a 9 meses de prisión, por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con la agravante de reincidencia, al incumplir el régimen de visitas con el padre de su hija, condenado por violencia de género en 2009 a 21 meses de prisión, condena que no llegó a cumplir por ser inferior a dos años y no contar con antecedentes penales.
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